Las importaciones, además, no tienen que respetar el coste efectivo de producción porque no existen precios mínimos a la importación ni están sometidas a las mismas obligaciones documentales ni controles administrativos, por lo que, para FEPEX, la Ley de la cadena incentiva la importación.
El texto de la ley provoca numerosas dudas de interpretación sin dar seguridad jurídica por lo que va a provocar la judicialización de las relaciones comerciales.
Supondrá, además, que una parte de la producción no tenga salida en el mercado, con un impacto muy negativo sobre los productores.
Por otro lado, tal y como expuso el director, Jose María Pozancos, en la Asamblea de FEPEX del pasado miércoles, la Ley de la cadena, no puede dar respuesta a dos problemas básicos: la globalización del mercado, consecuencia de las negociaciones comerciales multilaterales y de los acuerdos bilaterales de la UE con terceros países, y la ausencia de medidas sectoriales eficaces de gestión del mercado, que contribuyan al sostenimiento de los precios.
En 2020, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas se situaron en 3,4 millones de toneladas, un 17% más que hace 5 años, por un valor de 3.118 millones de euros, un 34% más, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En el ámbito de la UE, la importación comunitaria de frutas y hortalizas procedentes de países terceros se ha situado en 14,6 millones de toneladas frente a los 5,7 millones de toneladas que suponen las exportaciones, según datos de Eurostat.
