Apenas 24 horas antes de que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria llegase de nuevo a la Comisión de Agricultura del Congreso, la revista MERCADOS organizó un webinar en el que, de la mano del sector hortofrutícola, volvió a poner sobre la mesa las dudas, inquietudes y preocupaciones sobre una normativa que “erra el tiro”. Esto es, precisamente, lo que repitió en reiteradas ocasiones Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), que compartió mesa de debate con Sergio Cáceres, gerente de Asprocan; Fernando P. Molina, director de Proexport; Miguel Ángel Gómez, director-gerente de Afruex; y Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva.
Todos los participantes coincidieron en la pérdida de rentabilidad del sector español en la Unión Europea (UE) frente a países terceros y lamentaron que la normativa que hoy se vuelve a debatir -y posiblemente a aprobar- no abunda en esta situación, sino todo lo contrario, “nos impide competir”, como afirmó Sergio Cáceres, gerente de Asprocan.
La Asociación que Cáceres representa ha sido, si cabe, la más crítica con la reforma de la Ley de la Cadena aprobada por la vía del Real Decreto hace un año y medio (febrero 2020), tiempo en el que “no hemos podido mantener el precio por encima del coste de producción”. Cáceres no cuestionó la “buena intención” de la norma –“creo que tiene un propósito que todos compartimos”-, pero apuntó a sus limitaciones: “Se trata de una ley nacional en un mercado libre en el que, en nuestro caso, competimos todo el año con importaciones de banana de terceros países”.
Según recordó, Asprocan ha realizado distintos estudios sobre el impacto de la banana en el histórico de ventas del plátano de Canarias en los últimos cinco ejercicios, concluyendo que, con la Ley actual en vigor, “el 30% de nuestra producción, que asciende a unos 430 millones de kilos anuales, tendría que quedarse en las islas ante la imposibilidad de cumplir con la norma”.
Por su parte, Fernando P. Gómez, director de Proexport, y a pesar de su “miedo a criticar la Ley”, apuntó a tres factores que, a día de hoy, lastran al sector. En primer lugar, el exceso de burocracia generado por la obligatoriedad de firmar contratos “para 2.500 euros”. En este sentido, apuntó a la “necesidad de la contractualización” de las operaciones comerciales, pero “no con demasiada burocracia”. En segundo lugar, se refirió a la aparición de “conflictos internos” entre los productores y sus propias comercializadoras y, finalmente, criticó que la norma “no entra en el último eslabón de la cadena”.
De hecho, la directiva europea que sustenta la última modificación de la Ley “permite que las dos partes decidan qué jurisprudencia aplican” a la hora de formalizar un contrato, y a nadie le debe pasar por alto que el sector hortofrutícola nacional es eminentemente exportador. Por todo ello, “pedimos pequeñas modificaciones para hacerla más realista”.
Una norma que “prioriza” a los competidores
Para Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, son fundamentalmente dos los aspectos más preocupantes de la reforma. Por un lado, “crea grandes diferencias entre las empresas privadas y las entidades asociativas” y, por otro, “agrava la pérdida de rentabilidad frente a países terceros”. Es, precisamente, en este último aspecto, donde el Gobierno debería “centrar el tiro” para “devolver al sector parte de la rentabilidad perdida”. “Ya no nos queda ninguna barrera protectora, no se está teniendo en cuenta la preferencia comunitaria, y no hay reciprocidad”, lamentó.
Más cítrico aún fue Miguel Ángel Gómez, director gerente de Afruex: “La Ley es totalmente inasumible y no se puede cumplir”, pero no solo eso; desde su entrada en vigor en 2013, “no ha servido más que para poner multas y perder clientes”, evidenciando, a su juicio, su carácter recaudatorio hasta el momento.
Para Gómez, y en una situación de libre mercado, cuando los precios son bajos, “no podemos comprarle la fruta al agricultor y la producción se queda en el campo”.
“Esta Ley nunca ha servido para nada, solo para enriquecer las arcas del Estado y arruinar a las empresas”, afirmó con contundencia y criticó que, durante su redacción y posterior reforma en 2020, “nunca se ha pedido la opinión del sector, y así no se puede legislar”.
Por último, intervino Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, que puso sobre la mesa desde el inicio la que es, a su juicio, la clave que invalida la norma: “Estamos en un mercado global”, y a partir de ahí, cualquier “condicionante que se nos aplique a nosotros y no a países terceros nos resta competitividad”. Para Domínguez, “es necesario hacer otras muchas cosas más allá del precio” e insistió, como ya hiciera Sanfeliu, en la importancia de “poner la competitividad en el centro”.
La reforma de la Ley de la Cadena afronta hoy miércoles en el Congreso las votaciones decisivas en la Comisión de Agricultura, donde está prevista su aprobación y remisión al Senado. Mientras esto ocurre, parte del sector no pierde la esperanza: “Aún podemos hacer algo”, comentó Fernando Gómez, de Proexport; otros, como Asprocan, son más escépticos y, de hecho, ya hace meses que denunciaron la norma a la Comisión Europea.
