El volumen exportado de frutas y hortalizas frescas en 2022 superará ligeramente los 12 millones de toneladas, lo que supone un descenso de entre el 8 y 10% respecto a 2021, según las estimaciones realizadas por FEPEX, basadas en datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales hasta el mes de octubre y una previsión de los meses de noviembre y diciembre. Esta caída se ha debido a la climatología adversa que ha provocado en este año todo tipo de incidencias, como las heladas de la primavera que supusieron la fuerte reducción de la fruta de hueso especialmente en Aragón y Cataluña, o las incesantes lluvias durante los meses de abril y mayo en regiones eminentemente hortofrutícolas como Murcia y que convirtieron la primavera de 2022 en esta comunidad autónoma en la más húmeda en 62 años. A lo que se ha sumado también las olas de calor del verano que afectaron también a las producciones hortofrutícolas andaluzas. Por ello FEPEX requiere medidas específicas para fomentar las inversiones que permitan hacer frente a esta climatología adversa cada vez más presente.
El valor de las exportaciones mejorará en 2022 en un 3% respecto al año anterior, superando los 16.200 millones de euros, aunque este crecimiento no permite compensar el incremento de los costes que ha asumido el sector, y que ha sido uno de los factores que más han marcado el año, al igual que la creciente competencia de países terceros.
Hasta octubre de este año las importaciones han aumentado un 7% en volumen y un 14% en valor impulsadas por las desventajas normativas ya que no están sometidas a los mismos requisitos productivos y comerciales que las producciones comunitarias, haciendo el modelo de la UE cada vez menos competitivo frente al de países terceros. Además, la creciente globalización del mercado de la UE no va acompañada de una apertura real de nuevos mercados para los productores comunitarios.
Los temas abordados serán también los que marquen la evolución del sector en 2023, junto con otros como el descenso del consumo, que sigue cayendo incluso a niveles previos a la pandemia, la incertidumbre en torno a la disponibilidad de recursos hídricos en importantes regiones productoras o los futuros cambios derivados de la normativa comunitaria relacionada con la Estrategia de la Granja a la Mesa, como el proyecto de Reglamento de uso de fitosanitarios, cuya tramitación seguirá en 2023. En el ámbito nacional, preocupa también el impacto en la competitividad que pueda tener la sobrerregulación de la actividad productiva y comercial provocada por un paquete normativo derivado principalmente de la nueva política agraria y del proceso de transición ecológica que entrará en vigor en 2023.
