La Fundación Almería Tierra Abierta inicia su andadura para trabajar por la población inmigrante

La Fundación Almería Tierra Abierta se ha constituido formalmente este mediodía en el edificio Casa de las Mariposas de Cajamar con la asistencia y firma del acta constitucional por parte de medio centenar de personas e instituciones de la provincia, como miembros fundadores de esta iniciativa ciudadana e independiente que se plantea trabajar en la búsqueda de soluciones a problemas de la población inmigrante.

Lo que nació bajo el impulso de un reducido grupo de promotores, entre ellos, Andrés García Lorca, presidente de la Fundación, Juan Callejón Baena, Alfredo Sánchez, Juan Miralles, Trinidad Cabeo, el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, Antonio Fernández, Ana Gea o el propio Santiago Alfonso; recibe hoy un nuevo impulso con la incorporación de medio centenar de miembros fundadores que, de forma individual, se han sumado a los objetivos del proyecto. Junto a ellos, varias instituciones y empresas como Cajamar, Grupo Cosentino y Coexphal son los patronos iniciales de la fundación.

El presidente de la fundación, Andrés García Lorca, ha mostrado su satisfacción por el cierre de una etapa hasta llegar a esta constitución que ha puesto en evidencia la capacidad de acuerdo de diferentes ideologías por un objetivo noble: trabajar por dignificar la vida de la población inmigrante que vive en la provincia.

García Lorca ha destacado el hecho de que Almería siempre ha sido una tierra de acogida y no puede darse a conocer por una imagen que no corresponde a una realidad social mucho más amplia. Almería Tierra Abierta nace así para impulsar la sostenibilidad social que ya demuestra en lo económico.

A partir de este momento, la fundación Almería Tierra Abierta buscará la forma de impulsar las soluciones más eficaces para acabar con la injusta situación por la que pasa esa parte de la población inmigrante, contando con ello con la colaboración del conjunto de la sociedad almeriense y de todas aquellas instituciones que tienen competencia en esta materia, desde los ayuntamientos a la Diputación provincial, Junta de Andalucía, el Gobierno de España o la Unión Europea.