La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha resaltado la unión de gobiernos y agricultores de Andalucía y Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura y ha lamentado que la modificación que plantea el Gobierno de España no se asiente en indicaciones técnicas y princi pios económicos, agrarios y relativos al abastecimiento de agua a la población. Crespo ha apuntado que esta transferencia es un ejemplo de “solidaridad entre españoles” y ha insistido en que “el agua que sobra en unos territorios debe venir a otros” para que esos recursos hídricos permitan abastecer a los ciudadanos y “crecer” generando posibilidades de empleo y desarrollo.
Asimismo, Carmen Crespo ha afirmado que el Gobierno andaluz no comprende “estas decisiones arbitrarias” a las que se oponen administraciones y empre sarios de las regiones del sur de España y ha recordado que el pasado mes de abril los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmaron una declaración institucional al respecto. En el caso de Almería, el trasvase Tajo-Segura representa el 25% del agua que llega a la provincia y permite regar más de 23.000 hectáreas de cultivo y garantizar el abastecimiento de 130.000 habitantes del Levante almeriense.
La responsable de la Junta ha realizado estas declaraciones antes de mantener un encuentro con el consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, con el alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pe dro García, y con representantes del sector hortofrutícola de las provincias de Murcia y Almería. Entre otros participantes del tejido empresarial, han asistido los
presidentes de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín, y de la Asociación de Organiza ciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), Juan Antonio González.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha apuntado que esta reunión ha servido también para abordar la situación en que se encuentra la desaladora del Bajo Al manzora, otro asunto de interés para los productores de la zona y que aún no se ha reparado tras los daños sufridos por una riada. Crespo ha apuntado que el Gobierno central es el responsable de estas obras y ha lamentado que, hasta la fecha, tan sólo se han adjudicado las actuaciones relativas a la protección de la desaladora frente a inundaciones. La titular del ramo ha resaltado la relevancia de que se termine “de una vez por todas” una desaladora “que es de necesidad imperiosa en la zona” y ha afirmado que, por su parte, la Junta de Andalucía “se guirá adelante haciendo aquello para lo que tenemos competencia, como las aguas regeneradas”. Al respecto, ha explicado que el Gobierno autonómico está preparando un plan que permitirá generar 43,2 hectómetros cúbicos de estas aguas en Andalucía y duplicar los 8 hectómetros cúbicos con los que cuenta ac tualmente la provincia de Almería.
Veto ruso y ley de cadena alimentaria
Los representantes de la Junta de Andalucía, del Gobierno murciano y del sector agrario de ambas regiones han visitado una finca de cultivo de lechuga iceberg y un invernadero 4.0 automatizado dedicado al cultivo hidropónico de pak choi (variedad de col china) ubicados en el término municipal de Pulpí.
Durante el recorrido por estas instalaciones, la responsable de Agricultura ha in formado hoy de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo incluirá la eliminación del veto ruso entre los puntos a abordar en las negociaciones entre Espa ña y Rusia. La consejera se ha congratulado de que Reyes Maroto responda así a la petición de los consejeros de Andalucía y Murcia sobre la reactivación de las exportaciones agroalimentarias al mercado ruso.
Por otro lado, Crespo ha apuntado la importancia de contar con “una buena ley de cadena alimentaria” que permita el equilibrio de todos los agentes y garantice a los agricultores “unos precios justos por su trabajo y sus productos”. La consejera ha hecho hincapié en que la norma que rija en España no debe aportar “más dificultades relativas a los contratos o los costes de producción” y ha mostrado su esperanza de que el Gobierno tenga en cuenta las alegaciones presentadas por Andalucía y Murcia en la elaboración del texto definitivo.
