Bajo el lema “Agricultores al límite”, las organizaciones agrarias se están movilizando para reclamar más ayudas y mostrar su rechazo a las ventas por debajo de los costes de producción, entre otros problemas que llevan tiempo denunciando.
Esa situación no es exclusiva del campo español y se produce en un contexto mundial marcado por la caída progresiva de los precios agrícolas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculan que entre 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán entre el 1 y el 2 % anual.
Esto se debe sobre todo a que la mejora de la productividad supera a la mayor demanda mundial de alimentos, indica a Efeagro el jefe de Políticas Agrícolas de la OCDE, Jonathan Brooks.
“Aquellos agricultores que ganen en productividad no tendrán problema, pero los que continúen usando métodos tradicionales pueden quedarse atrás y tendrán que ajustarse de alguna forma”, afirma.
Brooks llama a invertir en mejorar la productividad agrícola y la resiliencia, al tiempo que desaconseja “intervenir directamente en los precios” porque “no es eficiente” para incrementar la renta de los agricultores.
En su opinión, “hay mucha flexibilidad para que los países adopten políticas que ayuden al desarrollo agrícola de forma constructiva y apoyen a los productores sin violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
Respeto a las reglas
En el marco de la OMC, los subsidios se dividen en tres “cajas”: roja para los que “distorsionan” el comercio, sujetos a condiciones; azul para los ligados a la reducción de la producción; y verde para los que se toleran por su impacto nulo (desarrollo regional, protección ambiental, investigación y desarrollo).
Los países de la UE deberán cerrar próximamente el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, que facilita la ayuda genérica a las rentas e incluye objetivos de sostenibilidad.
Pese a la amenaza de recortes, España aspira a que se mantengan los fondos, como ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que también ha prometido cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria para apoyar a los agricultores, que han visto caer la renta agraria el 8,6 % anual en 2019.
Vigilar las prácticas desleales, lograr un mercado más transparente o asegurar el cumplimiento de los contratos son algunos puntos que se podrían reforzar.
El experto de la Universidad Politécnica de Valencia José María García Álvarez-Coque insta a agrupar a los productores “en grandes organizaciones capaces de incorporar valor añadido en las fases de comercialización y negociar las condiciones contractuales con la gran distribución”, aunque para eso quede “mucho trecho por recorrer”.
Competencia frente a política agraria
Según el economista agrario Tomás García-Azcárate, en el fondo subyace la “tensa” relación entre las políticas europeas de competencia y de agricultura.
Por un lado, sostiene, “se pretende vertebrar la cadena alimentaria y llegar a acuerdos para crear valor y distribuirlo”; y, por el otro, “que haya la máxima competencia para asegurar que los precios al consumidor son razonables”.
García-Azcárate subraya que se pueden tomar medidas en el ámbito de la competencia sin coste presupuestario y que no aparezcan como subvención en ninguna de las cajas de la OMC.
Asegura que “Francia ha ido más lejos que España inclinando la balanza del lado de la agricultura” y pone de ejemplo la multa millonaria que ese país acaba de imponer a varias cadenas de supermercados por no respetar las reglas en las negociaciones con los proveedores.
Allí los agricultores llevan tiempo manifestándose contra el abandono que dicen sufrir, mientras que en Alemania las protestas están más relacionadas con los esfuerzos medioambientales que les exigen las autoridades.
“Le pedimos al campo más esfuerzos en un momento en que estamos disminuyendo el presupuesto europeo para financiar la transición ecológica”, apunta el experto.
Fuente: EFE Agro
