La AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha celebrado este miércoles su primera reunión del año, en la que ha participado el titular del Departamento, Luis Planas, quien ha avanzado que dicho paso a agencia estatal requiere la aprobación de una norma con rango de ley.
El Gobierno, según ha explicado Planas, estudia en la actualidad el menor recorrido temporal para su creación, bien a través de un texto legal «ad hoc» o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
De acuerdo al Informe de la actividad inspectora y de control de AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023 presentado hoy en el Consejo Asesor, del total de 382 sanciones a operadores del sector el 48 % correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo en el eslabón mayorista.
Según ha detallado el ministerio en un comunicado, la agencia investigó 32 denuncias en 2023, un 39,1 % más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18.
Por sectores, los que han registrado más infracciones con sanción han sido el de frutas y hortalizas, con 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 han supuesto el control de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, un 59,4 % más interanual.
Los organismos de inspección de las comunidades autónomas han controlado en sus territorios otras 2.871 relaciones comerciales, según el Informe de la actividad autonómica en 2023 que se ha dado a conocer también en la reunión, que precisa que impusieron 167 sanciones, un 33,6 % más que en 2022, sobre todo en la industria.
Luis Planas ha señalado en su intervención en el Consejo Asesor que en 2024 la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente.
Y se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos, han añadido desde el Ministerio.
El ministro también ha subrayado que la obligatoriedad desde el 30 de junio de 2023 de inscribir en el Registro los contratos alimentarios se ha convertido en una «herramienta determinante» para la labor de inspección de la AICA.
Para Planas, la Ley de la cadena alimentaria es una «norma pionera» y un «referente comunitario» por sus medidas sobre los contratos escritos, su registro o la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de los diferentes eslabones.
Ha asegurado, además, que será decisiva en las próximas modificaciones legislativas sobre prácticas comerciales de la Unión Europea.
Fuente: EFEAgro
