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23 Dic 2024 | Actualizado 11:30

Revista del Sector Hortofrutícola

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El suministro de insumos al campo «no está garantizado a precios asequibles»

La guerra en Ucrania está obligando a los gobiernos e instituciones UE a hacer un examen de conciencia sobre el rumbo de sus políticas agrícolas que, según los analistas, necesitan un giro para garantizar la oferta alimentaria.

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Los agricultores, los ecologistas, las instituciones de la UE y grupos de reflexión («think tank») han alertado de la necesidad de medidas a largo plazo para frenar la actual crisis de precios y de abastecimiento agrícolas.

Las previsiones de escasez traspasan la nueva campaña, en la que el suministro mundial alimentario se verá afectado por los recortes de oferta de Ucrania -líder mundial en la producción de girasol y cuarto exportador de maíz- y las sanciones a Rusia -potencia energética y segundo productor de trigo y cebada-.

La invasión rusa se ha producido cuando la Política Agrícola Común (PAC) cumple 60 años y en un momento de transición hacia la aplicación de una reforma que reforzará el componente ambiental de las subvenciones.

Dos años de impacto alimentario de la guerra
El abastecimiento de alimentos está asegurado en los países de la UE, pero el alza de precios afecta a la capacidad de los ciudadanos para comprar comida en condiciones asequibles.

El centro de estudios Bruegel augura, en un informe, que la repercusión de la guerra en la alimentación se extenderá «uno o dos años» y que en los países en desarrollo la estrechez de materias primas puede provocar hambrunas, como ya están alertando las organizaciones internacionales.

«La UE es un exportador neto de productos agrícolas y su comercio podría mejorar», según el informe, pero a costa de una merma de poder adquisitivo para los ciudadanos comunitarios junto con «consecuencias dramáticas» en mercados emergentes y naciones en desarrollo por los precios.

El director técnico de la organización agraria COAG, José Luis Miguel, ha declarado a Efeagro que para el campo el suministro de insumos «no está garantizado a precios asequibles o competitivos en el marco del mercado mundial» y esto prueba «un fracaso de la UE y de su estrategia geopolítica agrícola».

«La UE ha subordinado la producción de alimentos a criterios ambientales y otras consideraciones, y la realidad obligará a poner las cosas en su sitio», según el directivo de COAG.

Como ejemplo, ha mencionado la autorización de la UE para la siembra en barbechos esta campaña, con el fin de paliar la reducción de cosechas ucranianas.

Hay futuro pero con medidas adecuadas
Miguel ha defendido que la agricultura es «un sector de futuro», pero solo si se hacen las políticas y los análisis «adecuados».

Según un estudio del Parlamento Europeo, la agricultura comunitaria tiende a concentrarse en grandes empresas y el número de explotaciones -diez millones en toda la UE- podría reducirse un 62 % en 2040, tendencia reflejada en el censo agrario publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español.

En España existen 914.871 explotaciones según dicho censo, de las cuales según COAG, 300.000 corresponderían a productores profesionales.

José Luis Miguel ha apuntado que en sectores como el porcino, el avícola o la uva de mesa, los negocios se están concentrando en «pocas manos» con menos espacio para el agricultor independiente, «acorralado» con normativas y exigencias, lo que «tampoco beneficia» a la sociedad: «Mejor que haya miles de agricultores en los pueblos que cuatro o cinco».

La solución, añade, es una «apuesta política» para mantener o mejorar un modelo.

Un modelo que necesita el relevo generacional y, a este respecto, el directivo de COAG ha cuestionado que en la actualidad los jóvenes que quieran entrar en el sector necesiten “mucho capital” o haber heredado la explotación familiar, porque es difícil “empezar de cero”

Por ello, ha defendido fórmulas para incorporar a jóvenes con condiciones más «flexibles» y facilitar la liquidez.

Recetas contra la especulación
Organizaciones del sector agrario han abogado por suspender o modificar el Pacto Verde europeo y sus estrategias, que amplían los requisitos ambientales.

Pero el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) se ha mostrado contrario a esa suspensión y ha defendido «no aplicar medidas cortas de miras».

IPES-Food ha señalado que la situación alimentaria actual se podría haber evitado y se ha remontado a la crisis de materias primas de 2008, ante la que “no se actuó” para evitar la “especulación abusiva” en los mercados.

Por ello, ha llamado a los Gobiernos de la UE a cambiar el rumbo mediante la asistencia a países vulnerables, la diversificación de las producciones, reservas regionales de cereales y reducción de la dependencia de los fertilizantes y las energías fósiles, esta última medida solicitada también por ecologistas como WWF.

 

Fuente: Efeagro

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