El sector agrario obligado a asumir los gastos de las decisiones políticas de la CE

En la reunión que se celebró ayer en el Ministerio de Agricultura, el presidente del FEGA y la Subdirectora General de F & H, confirmaron los rumores que apuntaban a la utilización del Fondo de crisis para pagar las retiradas excepcionales que se han llevado a cabo este verano en toda Europa y que la Comisión había afirmado que se pagarían con presupuestos remanentes de otras partidas.

Como cada año, el pasado 15 de octubre la Comisión presentó la Carta rectificativa de los presupuestos de 2015 donde, por sorpresa, anunció la movilización del fondo de crisis para pagar los 344 millones de euros que la comisión había puesto encima de la mesa en forma de reglamentos para paliar los efectos que el veto ruso había tenido en las exportaciones y desequilibrio de mercado provocados por el cierre de la frontera rusa a los productos agroalimentarios.

Esta sería la primera vez que se movilizaría el fondo de crisis, que es de 432 millones de euros, y dejaría sólo 88 millones de euros para todas las medidas que la Comisión tuviera que tomar en el ejercicio 2015.

Según Manel Simon, director de Afrucat, esta decisión «culmina la improvisación que ha mostrado la Comisión en esta crisis y deja desprotegido el sector agrario frente la problemática que se prevé».

Simon también considera que esta decisión «es incoherente el compromiso que adquirió a principios de esta semana la Comisión de monitorizar el mercado por si surgiera alguna alerta después de Navidad, momento clave para la comercialización de manzanas y peras». «¿Cómo responderán a cualquier emergencia si han vaciado el Fondo de crisis que nosotros pedíamos que se movilizara el próximo año si era necesario?».

«La desaparición del fondo de crisis no sólo nos deja indefensos ante cualquier emergencia a los productores de frutas y verduras, también afecta al resto del sector agroalimentario ya que incide directamente en la disminución de fondos para el pago directo» añade Manel Simon «el resultado es que todo el sector agroalimentario pagará directamente los efectos de lo que ha sido una decisión política para con el Gobierno ruso «.

Esta medida que ha propuesto la Comisión aún está pendiente de ser aprobada por el Consejo de Ministros y por el Parlamento Europeo, donde todos los países productores del sur (España, Italia, Francia) se mostrarán en contra.