La disposición adicional del plátano finaliza su proceso legislativo con el consenso de todos los grupos políticos de la Cámara Alta
El Senado aprobó a última hora de la tarde de ayer la disposición adicional que garantiza el reconocimiento a las singularidades del plátano de Canarias en el marco de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.
El sector platanero de Canarias inició un proceso reivindicativo fundamental para su continuidad el pasado mes de marzo de 2020. La bienintencionada Ley de la Cadena Alimentaria no atendía inicialmente a las especificidades del plátano como cultivo de las Regiones Ultraperiféricas y tampoco a su mercado, sometido a competencia desigual por parte de la banana de terceros países.
Los efectos de un precio mínimo por defecto en sus operaciones, la no consideración de su régimen específico de ayudas y no contemplar el proceso de maduración que es propio únicamente de esta fruta, situaban al Plátano de Canarias ante el irreparable daño de no poder comercializar hasta el 90% de su producción en cumplimiento de los criterios generales de la norma. Estos tres elementos son, precisamente, los que se han tenido en cuenta en la disposición adicional que fue aprobada en el Congreso de los Diputados durante la reforma de la Ley el pasado mes de septiembre y que el Senado ha dado hoy por válida de forma definitiva. El sector contará así con la posibilidad de asegurar un precio medio anual por encima del coste de producción en el conjunto de todas sus ventas, con lo que evitará la negativa de sus clientes a la compra de plátano debido al precio de mercado de la banana, fuertemente condicionado por prácticas comerciales de derribo de las multinacionales bananeras.
El sector respira aliviado ante la aprobación del Senado, máxime cuando esta disposición ha contado con el apoyo final de todos los grupos de la Cámara. Para Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, “la aprobación de esta disposición es un éxito colectivo de todo el sector y de muchas de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, que nos han ayudado ante una especificidad que debía ser atendida por el bien del sector y de toda Canarias.”
El pasado mes de noviembre de 2020 se iniciaba el proceso de petición de excepcionalidad al plátano de Canarias a los preceptos de precio de la ley de cadena con una propuesta de excepción iniciada y defendida por CC, y apoyada en el mismo Senado también por ASG (Agrupación Socialista Gomera) y el PP. El propio Parlamento de Canarias a instancias de ASG manifestó posteriormente esta misma necesidad el pasado mes de marzo, iniciativa que contó en esa ocasión con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos, uniéndose a ella también los grupos de Nueva Canarias y el PSOE de Canarias. Desde ese momento, y tras la reunión mantenida con el ministro Luis Planas a iniciativa del presidente Ángel Víctor Torres, implicado en la defensa de los intereses del plátano, el sector expuso una alternativa de tratamiento específico que constituiría la base de modificación defendida con contundencia el pasado mes de septiembre por Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, y por el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Canarias ante el Gobierno de España. Este tratamiento específico es el que ha terminado recibiendo el apoyo de todos los grupos de la Cámara tanto en el Congreso como en el Senado. Organizaciones sindicales agrarias como ASAGA, y organizaciones empresariales y asociaciones representativas de múltiples sectores en Canarias y la Península, formaron parte de la defensa del sector platanero, al que se unió el compromiso del ministro Planas en su visita a la isla de La Palma, “a respetar la voluntad expresada unánimemente por la representación legítima del sector en ASPROCAN”.
Cierto es que la aprobación de esta norma no evitará que el plátano deba seguir enfrentándose a continuas importaciones de banana que no cumplen las mismas normas y hunde precios sin límite, pero sí logra evitar un escenario de irremediable desaparición caso de no haberse aprobado. El sector continuará por tanto reivindicando igualdad de condiciones para un mismo mercado para los distintos comercializadores de plátano y banana, así como poner fin a las prácticas comerciales en distribución que agreden al plátano en favor de las importaciones.
