El documento supone la propuesta definitiva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, como en varias ocasiones ha reiterado su titular, María Jesús Serrano, se ha intentado buscar «el máximo consenso posible».
Una propuesta modificada sobre la base de la presentada en septiembre de 2013, después de años de espera y del estudio de más de 600 alegaciones, que no llegó al pleno al no alcanzar los miembros de la Comisión de Aguas y Biodiversidad del Consejo de Participación de Doñana un acuerdo previo, lo que motivó que desde la Junta de Andalucía se llevara a cabo una revisión del mismo.
Aunque en principio se anunció que estaría finalizado para enero, la búsqueda de ese «máximo consenso» ha retrasado la conclusión del documento definitivo, en el que Medio Ambiente eleva en 238, pasando de 9.100 a 9.338, el número de hectáreas de suelo regable en la zona -7.238 en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y 2.100 en la del Tinto-Odiel-Piedras-.
Establece que las necesidades hídricas en las condiciones de cultivo actual ascienden a 39,5 Hm³/año entre ambas demarcaciones, fijando en la del Guadalquivir la necesidad en 27,29 Hm³/año, principalmente subterránea, en base a los criterios fijados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
En la otra todos los «suelos agrícolas regables» serán atendidos por aguas superficiales, por lo que aquellas explotaciones que no estén integradas en las comunidades de regantes existentes deberán hacerlo y abandonar las captaciones de aguas subterráneas.
A la espera de que mañana se lleve a cabo su aprobación provisional, en un pleno extraordinario que se celebrará en Aznalcázar (Sevilla), algo que sería posible únicamente con los votos a favor de los representantes del Gobierno andaluz, son ya varios los colectivos que han mostrado su desacuerdo con la regulación planteada.
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, movimiento que viene reclamando desde hace años la necesidad de este plan, ha alertado de que tal y como está redactado se quedarían sin regularizar unas 1.200 o 1.300 hectáreas de la zona, lo que supondría la pérdida de unos 6.000 empleos y auguran que su aprobación supondrá «una cascada de recursos judiciales» por parte de los damnificados.
Esta opinión es compartida por algunos ayuntamientos presentes en el Consejo, mientras que otros consideran que «de lo malo, lo peor», es decir, que es preferible que «se legalicen 9.330 hectáreas que nada», por lo que presumiblemente darán su voto a favor.
Tampoco están de acuerdo los grupos ecologistas como WWF, que aunque conscientes de la necesidad de empleo, según ha explicado a Efe su representante, Felipe Fuentelsaz, hay que primar «a corto plazo» la sostenibilidad de los recursos naturales del espacio y «consolidar el empleo que se pueda generar en base a ello».
Desde esta organización consideran que la necesidad del plan es «urgente», pero la propuesta de la Junta de Andalucía no es «suficiente» para dar respuesta a las necesidades actuales del espacio, por lo que se opondrán a la aprobación del mismo.
Habrá que esperar a conocer la opinión de otros colectivos y administraciones, como el Gobierno central, con representación en el pleno para ver si finalmente se da luz verde a un documento, caso éste en el que sólo faltaría para su desarrollo la aprobación definitiva por parte del Gobierno andaluz.
En la sesión de mañana también se abordará el proyecto para la defensa de la margen del río, presentado por el Puerto de Sevilla, donde se expondrá el informe negativo adoptado por las Comisiones de Agua y Biodiversidad de este órgano por «incumplir la Declaración de Impacto Ambiental» emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 para el proyecto del Dragado del Río y por sus costes ambientales y económicos.
