El «ofertómetro» de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -denominación que el sector agrario utiliza para referirse al sistema de vigilancia de precios anormalmente reducidos de este organismo- someterá a un especial control las cadenas del pollo y las frutas de verano.
Así lo han destacado fuentes de las organizaciones agrarias, tras participar ayer en la reunión del Consejo Asesor de esta agencia -adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)-, junto a representantes de la Administración, las comunidades autónomas, la producción, la transformación, la distribución y los consumidores.
Según las mismas fuentes, la AICA vigilará a todos los sectores, pero después de haber centrado una parte de su actividad inspectora en el aceite de oliva y la leche líquida, ahora se incluye al pollo y las frutas de hueso como «productos sensibles», de manera que se verificará la existencia de contratos que determinen un precio cierto de la transacción y se vigilarán las ofertas agresivas.
Precisamente, estos dos últimos sectores han sido apuntados por algunas organizaciones agrarias como fuente de «productos gancho» en los lineales, con las consiguientes sospechas de «venta a pérdidas».
El encuentro anual del Consejo Asesor de la AICA, presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha servido, así, para analizar la Memoria Anual de Actividades de AICA del ejercicio de 2016, las actuaciones desarrolladas por la Agencia (TC) y el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las funciones de la Agencia.
El director de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha señalado que en la reunión han analizado el papel de la AICA tras la citada sentencia, que declaraba nulos algunos de los artículos de la ley de la cadena en lo relativo a la actividad de control e inspección de la Agencia, que deberán recaer ahora en las comunidades autónomas.
El sector agrario se ha mostrado preocupado por lo que esta sentencia pudiera afectar a los controles que hacía la AICA para verificar las declaraciones en aceite de oliva y aceitunas -un trabajo que todas las organizaciones respaldan- y se deteriorara el sistema de información que gestionaba esta agencia pública desde sus orígenes -la AAO, Agencia del Aceite de Oliva-.
En este contexto, el Ministerio ha ofrecido a las principales comunidades productoras de aceite de oliva los recursos de la AICA para continuar manteniendo el sistema actual y, por su parte, Andalucía y Extremadura han expresado su deseo de alcanzar un convenio con el Departamento para delegar estas funciones.
Desde UPA, Román Santalla, ha valorado que la AICA haya garantizado que la sentencia no alterará sus actividades principales, ni implicará reducción de funcionarios.
En cuanto a la actividad general de la Agencia, Santalla ha indicado que la AICA ha propuesto 337 sanciones entre enero y junio, de ellas 213 en el lácteo y 190 en el de las frutas y hortalizas, mientras que desde su creación han sido 686 las propuestas de sanción, por valor de 8,2 millones de euros.
En un comunicado del Mapama, Carlos Cabanas ha destacado que la AICA ha adecuado sus funciones a la sentencia, lo que significa que «va a seguir haciendo las inspecciones, por denuncia y de oficio, en la Ley de cadena alimentaria, y que las CCAA pueden también investigar y sancionar incumplimientos de la ley de la cadena, cada uno en su ámbito de competencia».
En referencia a los sistemas de información de mercados, «AICA continúa gestionando y manteniendo los sistemas de información, seguimiento y análisis de los mercados oleícolas, lácteos y vitivinícolas» y «todos los operadores siguen teniendo la obligación de hacer sus declaraciones», ha insistido el Ministerio.
Eso sí, ha recordado que «a partir de ahora, corresponderá a las comunidades autónomas hacer las inspecciones a los operadores del sector oleícola para comprobar la veracidad de los datos que suministran al sistema de información de mercados».
