En este foro se ha analizado el escenario legislativo en España y la Unión Europea, que prevé publicar el próximo mes su directiva de residuos de envases con el objetivo básico de reducirlos.
Según los datos facilitados por la Comisión Europea, hasta ahora cada ciudadano desecha 177 kilos de envases al año, lo que supone medio kilo al día.
García de Quevedo ha insistido en la apuesta de los fabricantes alimentarios desde hace décadas por cumplir «compromisos voluntarios» en materia de sostenibilidad.
Ha subrayado que se han acogido las normativas europeas en esta materia, si bien ha vaticinado que el nuevo real decreto de envases y residuos de «va a generar dificultades».
Ha llamado la atención sobre problemas para su aplicación como la dificultad técnica de encontrar suficiente plástico RPET y su imposibilidad de usarlo en contacto con los alimentos, en función de las normativas de seguridad alimentaria.
De Quevedo, quien ha insistido en el compromiso de este sector con la sostenibilidad y la economía circular, ha recordado que el impacto del real decreto se suma a los 690 millones de euros derivados del impuesto al plástico y de otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorporan en la ley de residuos, ya en vigor.
El conocido como impuesto al plástico gravará con 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado.
En este sentido, desde la patronal de la industria alimentaria han vuelto a insistir en su petición al Gobierno de prorrogar un año la aplicación de esta tasa, para ser «sensibles» al momento económico de las empresas, con los costes energéticos y la inflación disparados.
Esta realidad «va a dificultar la competencia», ha afirmado el director de la FIAB, tras reclamar «flexiblidad» en la aplicación de todas estas medidas por el contexto económico y social.
La subdirectora general de Economía Circular del Miterd, Margarita Ruiz Sáiz-Aja, ha desgranado el contenido de este real decreto y ha llamado la atención sobre algunos aspectos que se han modificado en relación con el proyecto que salió a exposición pública, en línea de ser «permeable» con las peticiones de los sectores implicados, como el alimentario.
Por ejemplo, el objetivo de venta a granel en el 50 % de la superficie de más de 400 metros ha pasado al 20 % y siempre que pese menos de 1,5 kilos y se trate de frutas y verduras que no sufran deterioro.
Se establece, además, un periodo de cuatro meses para que los comercios se adapten.
En cuanto al objetivo de reutilización para envases de bebidas, tanto para el canal Horeca como para el doméstico, también se han reducido algunos objetivos.
A juicio de Ruiz Sáiz-Aja, este real decreto era «necesario» para trasponer toda la directiva comunitaria e incorporar matices en la responsabilidad ampliada del productor que se incluía en la ley de residuos que entró en vigor esta primavera.
Por su parte, el europarlamentario socialista César Luena ha abierto la puerta a las aportaciones del sector en el desarrollo de medidas legislativas como la de envases, previsto para el próximo mes.
Luena ha destacado el importante grado de compromiso con la economía circular por parte de la Unión Europea, un objetivo necesario ante la crisis climática en el que la «responsabilidad está mezclada».
