El Gobierno aprueba el reparto de 70 millones a 14 municipios del entorno de Doñana

El Consejo de Ministros ha regulado la concesión directa de 70 millones de euros para financiar proyectos locales que contribuyan a cumplir los objetivos del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que se trata de «un paso más» en el compromiso del Gobierno con Doñana. Ribera ha enmarcado estas actuaciones en el acuerdo suscrito con la Junta de Andalucía en noviembre de 2023 para que esta renunciara a la ley autonómica «que ponía en riesgo la viabilidad de Doñana» y permitiera al Gobierno cumplir las obligaciones con la Unión Europea en lo relativo a la protección de «la catedral de los ecosistemas húmedos».

La vicepresidenta tercera ha recordado que en el entorno de Doñana se están llevando a cabo grandes inversiones vinculadas a la política hidráulica para garantizar el agua y la legalidad en el acceso a ese recurso. «Pero sabemos que restaurar la naturaleza requiere algo más que actuaciones ambientales o hídricas», ha dicho Rivera, quien ha subrayado la necesidad de combinarlas con iniciativas de carácter socioeconómico en las que se involucren las distintas administraciones.

En el caso de las administraciones locales, la vicepresidenta firmó el pasado mes de mayo un protocolo general de actuación con 14 alcaldes del entorno de Doñana que se materializa en el acuerdo adoptado ahora por el Consejo de Ministros. Equipos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de otros departamentos han abordado con los municipios la identificación de los proyectos y los programas con mayor demanda o interés local. La transferencia de los fondos se concretará en un convenio individualizado con cada municipio en las próximas semanas.

Reparto

Los 70 millones de euros se dividen a partes iguales en dos anualidades -2024 y 2025- y se distribuirán entre los municipios de acuerdo a su superficie y población. Así se dispone de 8 millones de euros para Almonte; 5,9 millones para Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda; y otros 5,6 millones de euros a disposición de Moguer.

Por su parte, 4,1 millones de euros de financiación se destinará a cada uno de los restantes municipios del ámbito, que son Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa.

Según reza en el propio Real Decreto, las actuaciones y proyectos municipales a financiar deben favorecer “la innovación, el empleo y el emprendimiento, y la diversificación económica en los ámbitos de la economía circular, el ciclo del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización y la creación de infraestructura que permita el desarrollo sostenible del territorio”.

En cualquier caso, estos proyectos deben asegurar que no se afecta negativamente a las condiciones medioambientales de la zona y garantizar además hasta 5 años de uso manteniendo los fines descritos por cada proyecto.

La norma también prevé la existencia de proyectos suplentes a los que poder destinar posibles remanentes resultado de los procesos de concesión de tales actuaciones; la posibilidad de mancomunar proyectos entre distintas entidades locales; establecer oficinas técnicas de gestión y ejecución de los fondos; y abordar el faseado de proyectos anteriores que guarden la filosofía, los fines y las características, de las Líneas del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área del Espacio de Doñana.

Ámbitos de actuación

Los fondos, según ha detallado Teresa Ribera, permitirán ejecutar «en cuatro o cinco años» actuaciones en seis grandes ámbitos: generación de una economía circular; depuración de aguas y mejora del abastecimiento y las infraestructuras hidráulicas; eficiencia energética; movilidad sostenible; renaturalización del entorno de Doñana y recuperación de terrenos municipales; e impulso de la infraestructura para el desarrollo sostenible, el emprendimiento y la innovación.

La vicepresidenta tercera ha apuntado que otros muchos programas cuentan con líneas de financiación específicas, como el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, y que quedan pendientes actuaciones en ámbitos como la vivienda o la atención a los temporeros y los inmigrantes.

«Nuestra intención es mostrar que la restauración de la naturaleza no solamente siempre merece la pena, sino que requiere una combinación adecuada entre políticas ambientales y socioeconómicas», ha asegurado. Ribera ha recordado que el pasado día 18 entró en vigor la Ley de Restauración de la Naturaleza, que dota a Europa de un marco para garantizar tanto los ecosistemas naturales como la actividad económica y la salud de los ciudadanos.