La Cámara baja ha aceptado casi todas las enmiendas introducidas en el Senado, de las que muchas eran correcciones técnicas, revisando así en segunda lectura el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado en el pleno su agradecimiento a los grupos parlamentarios por la tramitación de esta ley, que supone “un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria”.
En declaraciones a la prensa, Planas ha asegurado que la reforma es “la más importante” que se aprobará esta legislatura para el sector, si bien se necesitará un tiempo para ver sus efectos porque se trata de “un cambio de cultura muy profundo”.
Entre los objetivos, ha mencionado los de lograr más transparencia en la formación de precios, mayor equilibrio entre eslabones y mejores instrumentos de negociación para los agricultores y ganaderos.
“Eso no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”, ha declarado el ministro.
En una primera reforma de la ley en 2020 se introdujo la obligación de incluir en los contratos, obligatorios para las transacciones de más de mil euros, la indicación de que el precio pactado entre los operadores cubre los costes de producción.
La norma que este jueves ha votado el Congreso tras un año de tramitación transpone la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.
Quedan finalmente contempladas situaciones específicas como la del plátano de Canarias o la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores y de que en la primera venta en las lonjas de pescado la factura juegue el papel del contrato.
El debate parlamentario
La mayoría de los grupos parlamentarios ha considerado que la reforma no es suficiente para atajar los problemas de la cadena alimentaria, sin descartar que haya que modificar de nuevo la ley más adelante.
En el debate de las enmiendas, el diputado socialista Juan Francisco Serrano ha destacado que se trata de una “reforma protectora, garantista, de alto calado social y supera la lógica del más fuerte”, ya que “viene a colmar las aspiraciones colectivas de un sector que ha tenido una reivindicación histórica”, como es la de reclamar precios justos en el campo.
El parlamentario popular Joaquín García Díez ha acusado al Gobierno de no buscar el consenso con otros grupos y ha negado que la modificación legislativa vaya a servir para acabar con la venta a pérdidas y cubrir los costes de producción, dos promesas que se verán “incumplidas”.
Ricardo Chamorro (Vox) ha criticado la “falta de ambición nacional” para defender al sector primario frente a las importaciones de países terceros que lo están “destruyendo”, e Isabel Franco (Podemos) ha destacado que se aprueba “una de las mayores esperanzas de los productores para lograr precios justos”, aunque ahora “toca aplicarla y desarrollarla con urgencia, valentía y rigor”.
El diputado de ERC Xavier Eritja y la de PDeCat Concep Cañadell han lamentado que no se hayan incluido enmiendas sobre la posición de dominio como causa de desequilibrio en la cadena.
El parlamentario de BNG Néstor Rego ha opinado que los productores siguen “indefensos”, al igual que María del Carmen Martínez (Ciudadanos), que ha insistido en que los agricultores siguen quejándose porque “una ley pensada para protegerlos les vuelve a dejar sin herramientas” y la fijación del coste efectivo de producción “por sí mismo no soluciona los problemas”.
El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha anunciado la abstención de su grupo a las enmiendas y reprochado que la norma le deja “un sabor agridulce” porque, a su juicio, persisten los mismos problemas de la cadena pese a la reforma.
Fuente: Efeagro
