Continúa siendo uno de los temas que más incertidumbre y polémica suscita dentro del sector hortofrutícola; de ahí que, desde la revista MERCADOS, hemos querido ayudar a todos los operadores de la cadena de valor agroalimentaria a resolver sus dudas al respecto.
Durante unos 30 minutos, aproximadamente, José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, no solo respondió a las preguntas planteadas por la directora de MERCADOS, Amalia del Río, sino también a las recibidas en directo a través de las distintas redes sociales.
Herrero recordó, en primer lugar, el “momento histórico” que supuso la entrada en vigor en 2013 de la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma que “estamos mejorando para eliminar los desequilibrios” entre los distintos operadores del sector. Para el director general, el objetivo está claro: “Hay que proteger al eslabón más débil” y, para lograrlo, es fundamental que, cuanto menos, “se garanticen los costes de producción”.
Esta última fue, precisamente, una de las cuestiones que más dudas generó entre los participantes en el webinar, que lanzaron una pregunta más que directa: ¿cómo se calculan esos costes de producción? En este sentido, el director general explicó que “el agricultor debe calcular los costes efectivos de producción para un período de tiempo determinado” y no necesariamente “partida a partida”. Asimismo, añadió que “no se pretende que todas las transacciones cubran costes, pero sí que, cuando el agricultor cierre el año, el resultado global sea rentable”.
El cálculo de los costes de abarcar todo el proceso productivo, desde que comienza la planificación de la campaña hasta que se recolecta el producto. Todos ellos deben estar justificados de forma documental (facturas por la compra de fertilizantes, nóminas del pago a trabajadores…) y hay que sumarles un margen de beneficio, ya que, como apuntó Herrero, “el precio del producto debe ser el resultado de sumar los costes más un beneficio justo”. Una vez realizada esta operación, si solo la suma de los costes (sin tener en cuenta el beneficio) es superior al precio pagado por el producto, “se estaría incumpliendo la Ley”.
Desde el Ministerio, y con el fin de facilitar a los agricultores ese cálculo y que conozcan mejor cómo se forman los precios, están reactivando el Observatorio de la Cadena. Y es que, como explicó Herrero, “la Ley pretende también fomentar la eficiencia de los agricultores para que no se queden fuera del mercado”.
Con la puesta en marcha de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, “pasamos de la imposición a la negociación”, afirmó Herrero en clara alusión a la protección que supone para el agricultor. Para el director general, “la Ley está muy bien pensada para que nadie quede desprotegido” y, en esa línea, apuntó al papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las propias Comunidades Autónomas a la hora de sancionar a quienes incumplan. “Son los inspectores de la Administración quienes vigilarán que se cumple la norma” y, para evitar que quien se sienta perjudicado no denuncie por miedo a perder un cliente, “la AICA puede actuar de oficio siempre que haya indicios de incumplimiento”.
¿Es rentable pagar las sanciones?
Hay quien podría pensar que sí, pero José Miguel Herrero también se encargó de centrar el foco en esta cuestión: “Incumplir la Ley no sale gratis”, y si bien puede ‘compensar’ pagar la sanción impuesta en un primer momento, en caso de reincidencia, los números podrían dejar de cuadrar. Según explicó, cometer más de dos infracciones leves puede conllevar multas de entre 3.000 y 100.000 euros, cifra que puede superar los 100.000 euros en caso de encadenar más de dos infracciones graves.
Con respecto a la conveniencia o no de dar a conocer los nombres de los infractores, el secretario general fue tajante: “Es muy necesario”. Eso sí, para ello, habrá que esperar a que las sanciones sean firmes y ya no quepa recurso alguno.
La aprobación de la Ley, para verano
La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su debate, entrará en vigor, según avanzó el director general, “antes del verano”, cumpliendo así con los plazos fijados por Bruselas. Herrero recordó que, para esta fecha, todos los países comunitarios deberán tener aprobada en una norma similar, de modo que “la protección de nuestros agricultores esté garantizada en cualquier país de la UE”.
Según explicó, se ha creado un organismo a nivel comunitario de cooperación entre las distintas agencias europeas con competencias similares a la AICA para que, en caso de que un agricultor presente una denuncia en su agencia nacional, esta pueda gestionarla a través de su homóloga en el país de destino. “Cuando un producto español se esté vendiendo en Alemania, Italia o Francia, se le van a aplicar las mismas normas que en España, es decir, se van hacer los contratos, el plazo de pago será de 30 días, etc.”, concluyó Herrero.
