En un comunicado, la UPA-Huelva ha indicado que, año tras año, es habitual que los productores de fresa destinen aquellas de menor tamaño y con alguna deformación al uso industrial, algo que supone, aproximadamente, 80 millones de kilos, una cantidad que «supone un coste considerable en términos de producción».
Esto, sin embargo, no es una salida viable para el agricultor, ya que el sector industrial «se aprovecha de la necesidad de salida y almacenamiento de este producto, imponiendo precios por debajo del coste de producción, exigiendo la entrega del producto por adelantado y pagando mal y tarde».
Además, han denunciado que esta relación comercial se realiza, en la mayoría de los casos, sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega).
Esto supone en la práctica que muchos agricultores entreguen las fresas con la esperanza de darles salida a un precio razonable, aspecto que, año tras año, no se produce.
Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a los agricultores del sector para que negocien, previamente a la entrega, el precio de venta a la industria y que las condiciones se recojan en un contrato por escrito.
Esta es, a juicio de la UPA, «la única forma de que se defiendan los compromisos que se pacten, de otra forma es entregar un cheque en blanco a quién, año tras año, viene demostrando una posición de asfixia a los productores».
Fuente: EFE
