La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige al Ministerio de Agricultura que “deje de marear la perdiz con el anuncio de más y más estudios sobre la cadena de valor y aplique de una vez por todas la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, estableciendo los costes efectivos de producción de nuestras producciones agropecuarias y tomándolos como referencia oficial en los contratos, de manera que los agricultores y ganaderos no puedan seguir percibiendo precios por debajo de costes”.
Ante las declaraciones del secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, durante el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en las que se compromete a “avanzar en la consecución de los estudios de la cadena de valor de distintos alimentos”, entre ellos los cítricos, AVA-ASAJA responde que un reciente estudio ya cuantifica los costes medios de producción de los cítricos en España y los sitúa en 0,23 euros por kilo (€/kg) en el caso de la naranja (variedades navelina y lanelate); 0,28 €/kg en la mandarina (clementinas) y 0,20 €/kg en el limón (fino y Verna). Así concluyen los investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Pedro Caballero y María Ángeles Fernández-Zamudio, y la investigadora de la Universidad Politécnica de Cartagena, María Dolores de Miguel, en su informe ‘Regresión o continuidad del sector citrícola. Función de los costes’, incluido en el monográfico ‘Una hoja de ruta para la citricultura española’, publicado por Cajamar.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “el Ministerio de Agricultura ya conoce de sobra nuestros problemas de rentabilidad, ya tiene en el BOE una ley escrita negro sobre blanco, ya dispone de recientes estudios técnicos sobre los costes efectivos de producción, pero se detiene ahí y prefiere no llegar al fondo de la cuestión: fijar unos costes de referencia por debajo de los cuales quede terminantemente prohibido cerrar un precio con el operador comercial. Sin precios dignos, la mancha marrón de los campos sin cultivar continuará creciendo, las estrategias medioambientales fracasarán porque perderemos un sector fundamental para el cuidado del territorio y nuestra soberanía alimentaria, tan necesaria como se ha demostrado durante esta pandemia, correrá grave peligro”.
Aguado agrega que, “además de vigilar de cerca la evolución de los costes efectivos de producción en cada eslabón de la cadena de valor, es necesario que el Ministerio haga un seguimiento exhaustivo de esta ley y detecte las debilidades para rectificarlas y convertirlas en fortalezas, a través de actualizaciones reglamentarias”.
Por último, la organización agraria pone a disposición de los agricultores sus servicios técnicos para asesorarles y ayudarles a la hora de trasladar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, posibles prácticas abusivas para que abra una investigación y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes.
