El pleno del Congreso ha tomado en consideración dicha iniciativa legislativa por 175 votos a favor -incluidos los del PSOE-, ninguno en contra y 167 abstenciones, estas últimas del PP y VOX.
La diputada de Esquerra Teresa Jordà ha defendido la propuesta como una «oportunidad de oro» para dar respuesta a las reivindicaciones del sector primario, muchas veces «forzado a vender sus productos por debajo del coste de producción», y para revertir las prácticas abusivas.
La ley de 2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria «no cumple las expectativas» y era «cuestión de tiempo» que los agricultores volvieran a manifestarse, por lo que el Congreso debe reaccionar y apoyar la agricultura familiar, ha destacado Jordà.
Propuesta de cambios
La proposición de ley pretende dotar a las cooperativas y otras entidades asociativas de mayor poder negociador e incluir los costes reales de producción de sus profesionales en el cálculo de los costes generales de la entidad asociativa.
Otros cambios propuestos por el grupo republicano están relacionados con la reducción de la carga administrativa, la simplificación del registro de contratos alimentarios y la prohibición de la venta a pérdidas incluyendo los costes fijos y variables de la comercialización de alimentos.
La iniciativa fija en un 8 % el porcentaje de cuota de mercado en la cadena alimentaria que supone disponer de posición dominante e incluye un mecanismo de definición de estándares de costes de producción medios que puedan servir de punto de partida en la definición y formalización de cualquier contrato.
La postura de los grupos
El diputado socialista Amador Marqués ha sostenido que «el sector necesita el refuerzo y la aplicación efectiva de una ley que tiene que garantizar los precios justos» en el campo y ha acusado al PP y a VOX de «poner en riesgo la agricultura y el modelo de protección social» en la Unión Europea, ante las elecciones a la Eurocámara del 9 de junio.
La portavoz popular Milagros Marcos ha afirmado que se ha demostrado que, tras su reforma, «la ley de la cadena no funciona, pero no necesita los cambios» que se han presentado y que a su juicio suponen «una economía intervenida por la Administración, que fija precios al margen de los mercados y la ley».
Por parte de VOX, Ricardo Chamorro ha considerado que se trata de una «ley insuficiente que no tiene recorrido e ignora la complejidad del mercado», puesto que «se interviene el mercado interior» pero no se aplica a las importaciones de terceros países.
La diputada de Sumar Àgueda Micó se ha mostrado a favor de aprovechar «las oportunidades de esa propuesta de ley» para posicionarse «del lado de los agricultores» y «reforzar los intereses de la mayoría social frente a los abusos que cometen las grandes empresas» de la distribución.
Isidre Gavin (Junts) ha señalado que comparten la mayoría de propuestas del texto ante una ley que «no ha dado los resultados deseados» e Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu) ha apuntado que la norma es «un buen instrumento que se queda corto en su diseño y aplicación» en muchos sectores, por lo que debería reformarse con urgencia.
El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha apoyado hacer una nueva lectura de la ley de la cadena ante el descontento de parte del sector primario y ha pedido que se tengan en cuenta las enmiendas.
Por su parte, Néstor Rego (BNG) ha respaldado la iniciativa para garantizar precios justos a los productores y Cristina Valido (Coalición Canaria) ha instado a «cerrar las puertas a las trampas mientras el campo agoniza».
Fuente: EFEAgro
