Claves para entender la polémica sobre la ley del Regadío de Doñana

Esta zona, que en estos días es actualidad a raíz de la proposición de Ley para la reordenación de los regadíos, cuya tramitación ha sido aprobada en el Parlamento de Andalucía, se reparte por los términos municipales de Almonte, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Moguer.

Se trata de municipios eminentemente agrícolas que desde hace décadas vieron, primero solo en la fresa y con el paso de los años en su diversificación hacia el resto de los frutos rojos, una importante actividad económica y nicho de empleo.

No en vano, a día de hoy, estos pueblos generan cada campaña 80.000 de los 100.000 empleos totales del sector de los berries en Huelva, según datos de Freshuelva y la Plataforma en Defensa de los regadíos del Condado; además, en la pasada campaña las exportaciones de frutos rojos, incluyendo fresas, alcanzaron un valor de 1.392 millones de euros, de los que el 80 % provenía de estos municipios.

Se trata de una zona que a finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI fue objeto de una expansión no planificada de regadíos e invernaderos, por lo que ya en 2004 el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), que recogía los suelos en función a sus distintos usos, entre ellos también los agrícolas de secano y regadío, recomendaba la redacción de un plan para ordenar las zonas con cultivos regadíos localizadas en esa Corona Norte al objeto de controlar el recurso hídrico, y asegurar la conectividad ecológica y la protección del paisaje.

Tres años más tarde, el 7 de diciembre de 2007, el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, dando inicio un largo período de seis años en los que la Consejería de Medio Ambiente tuvo que dar respuesta a las más de 4.000 alegaciones presentadas al borrador inicial.

El 11 de abril de 2014 recibió el visto bueno por el Consejo de Participación de Doñana, con 37 votos a favor y cinco en contra y el 16 de diciembre fue aprobado por el Consejo de Gobierno, entrando en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año.

El plan afecta a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que consideraba inicialmente como regables unas 9.340 en esos cinco términos municipales, al cumplir los requisitos de ser terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Potad), y haber mantenido su actividad en los siguientes años.

Su entrada en vigor no supuso su aplicación inmediata y desde prácticamente el principio hubo agricultores que mostraron su rechazo por quedar sus regadíos fuera de esa ordenación, y en 2012 constituyeron la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que está formada en la actualidad por 1.500 agricultores.

Esta situación llevó al PP ya en abril de 2016 a presentar una primera proposición no de ley en el Parlamento para revisar el plan esgrimiendo que quedaba fuera un 30 % de la superficie regable, una propuesta que fue rechazada.

Más allá de esta polémica, que continúa hasta el día de hoy, la actividad de algunos de los agricultores de estos municipios ha estado marcada por las sanciones y cierres de pozos que les servían para hacer captaciones ilegales por parte de las administraciones en una tarea de control que se ha incrementado en los últimos años.

Así, la Junta ha iniciado 485 expedientes desde 2018 en el área de aplicación del Plan de la Fresa, según los datos del último Informe de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Ordenación, al que ha tenido acceso EFE.

Sin perjuicio de los 63 expedientes sancionadores iniciados desde 2014 hasta 2018, se han iniciado desde 2018 hasta diciembre de 2022, 306 expedientes sancionadores en material forestal y 179 en materia de aguas.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG), según los datos facilitados a EFE, habrá cerrado al término de la legislatura unos 1.200 los sondeos en 4 años.

De dichos sondeos, 443 obedecen a la regularización de la zona regable de El Fresno del Guadalquivir por la llegada de agua superficial gracias a la primera parte del trasvase del Tinto-Odiel-Piedra a la demarcación del Guadalquivir, y unos 716 responden a ejecuciones forzosas por tratarse de captaciones ilegales.

De ellos, 220 ya han sido cerrados -la mitad de forma voluntaria por los propietarios ante los requerimientos o notificaciones de la Confederación y la otra mitad por la propia CHG-, 70 se van a cerrar este verano y el resto se hará cuando concluya el proceso de reclamación administrativa.

Son buena parte de estos agricultores que han sido objeto de sanciones los que reclaman que se les regularice la situación de sus fincas, al entender que cumplen con los requisitos para ello si se tiene en cuenta la realidad de la zona en 2014, cuando se aprobó el Plan de la Fresa; unas 700 hectáreas, según las estimaciones de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.