La secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO en Andalucía, Nuria Martínez, representante del sindicado en el Consejo de Participación, ha indicado, en un comunicado, que estos han sido los motivos por los que se opusieron al denominado Plan de la Fresa.
Martínez ha aclarado que el sindicato lo considera un Plan «prioritario y urgente para la zona», pero ha lamentado la falta de transparencia y concreción en su contenido «pese a llevar más de seis años elaborándose».
Ha indicado que el plan adolece de cuestiones «tan importantes como una comisión de seguimiento y evaluación de la totalidad de las actuaciones en la que estuvieran presentes los diferentes agentes implicados» y ha criticado la negativa de la Consejería de Medio Ambiente a constituirla.
El sindicato ha querido recalcar que sabe de «la necesidad de este plan y de su gran envergadura social, ambiental y económica para los municipios afectados» pero ha aclarado que «precisamente por ello no se entiende que con una tasa de paro de 31,3 por ciento en Huelva, este plan suponga una importante destrucción de empleo por el cierre de numerosas plantaciones, y no se contemplen medidas de empleo como recolocaciones o traslados».
Para CCOO-A, es preciso «que de manera urgente por parte de la Junta de Andalucía se pongan en marcha los planes de empleo, instrumentos o medidas necesarias para que esas personas trabajadoras no engrosen las listas del paro».
Igualmente, el sindicato ha apuntado que todos los planes que emanen de las administraciones deben contemplar unos mínimos de transparencia y claridad, así como de los necesarios instrumentos de rendición de cuentas e información pública a la ciudadanía, «algo de lo que adolece asimismo el documento actual».
El sindicato también ha reclamado un mayor desglose presupuestario al entender que este plan está basado en un «presupuesto fantasma, porque no se sabe quién pone el dinero, ni se asegura que se llegue a ejecutar el gasto, además de dejar la puerta abierta a cualquier tipo de variación en él de manera unilateral y sin rendición de cuentas a la ciudadanía».
