Los pozos ilegales, Doñana y el precedente bretón

La noticia saltó a las primeras páginas de los periódicos este verano. Seis años después de la denuncia por la guardia civil y dos años después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la segunda fue la vencida y la Guardia civil pudo clausurar en esta noticia 65 de los 77 pozos ilegales sentenciados, en el monte público de Lucena del Puerto. Hace un mes se intentó llevar a cabo esta clausura, pero alrededor de 200 agricultores, según los cálculos de la Guardia Civil, impidieron a los técnicos de la Confederación acceder a la zona.

Junto a los pozos, se sellaron dos balsas donde acababa el agua que ilegalmente se capta del acuífero y que sirven como pequeño embalse de regulación. Como señala el artículo, “una de esas balsas, que también fue denunciada por la Guardia Civil, es ya famosa después de ilustrar durante años reportajes de medios de comunicación nacionales e internacionales sobre el robo de agua en Doñana”.

Fuente: El Pais 3 de agosto 2019

La noticia es al menos doblemente desalentadora. La primera es por quienes son el sujeto directo de las sentencias; el segundo es por quienes son los realmente perjudicados.

Los sancionados son dos Ayuntamientos onubenses, de Lucena y de Moguer, que deberían haberse hecho cargo de la eliminación de unos pozos que están en unos suelos de su propiedad. En otras palabras, no se trata que la Administración local haya mirado por otro lado (suponiendo que en un pueblo se pueda mirar para otro lado), no se trata que haya permitido sino que ha sido actor de primer orden ya que los pozos ilegales se hicieron en terrenos municipales.

Dura lex sed lex (la ley es dura pero es la ley) decían los romanos. No se trata solo que alcaldes y concejales hayan podido ser cómplices de hechos ilegales sino que funcionarios, municipales y autonómicos, han tenido que ser (por activa o por pasiva) parte del problema.

El artículo mencionado decía textualmente: “Esta clausura es también simbólica al tratarse de unos terrenos públicos e ilustra cómo las Administraciones han mirado para otro lado o, como en el caso de estos dos Ayuntamientos, han pleiteado para impedir que se cierren los pozos. Esta semana el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, calificaba en una carta enviada a la Confederación de “dramática” la situación en la que se deja a los agricultores y pedía a este organismo que ofrezca aguas superficiales para suplir el corte de las captaciones subterráneas”.

El segundo factor es que los que se han visto privados de agua son en su gran mayoría, según me dicen mis amigos de la zona, pequeños y medianos agricultores. Se les ha encerrado en un callejón sin salida, permitiendo, promoviendo, apoyando unas inversiones inaceptables en un Estado de derecho y luego se pide a otros que arreglen el desaguisado.

Todo el mundo sabe que hay muchos más, y que esto solo puede ser un principio y no un final. Hay muchos más pozos ilegales y muchos más agricultores que se van a ver afectados. De hecho, y a corto plazo, el TSJA dictó en 2017 otras dos sentencias más en las que se establece que deben eliminarse de la misma zona otros 18 pozos que están repartidos en esos montes públicos de Lucena y, también, de Moguer.

El precedente bretón

En la Bretaña francesa, aconteció un asunto que tiene cierto interés como precedente. Se trataba de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas que hacia inapta al consumo humano el agua del grifo. Los ciudadanos, y muchos ganaderos con ellos, atacaron en los tribunales de justicia al Estado francés por dejación de sus responsabilidades.

El problema se creó por el desarrollo de la ganadería porcina, las autorizaciones de nuevas granjas y las de ampliación de las existentes, dadas sin respetar la legislación vigente. El Estado fue condenado por dejación de sus obligaciones y los responsables políticos (los prefectos, equivalentes a los delegados del gobierno) y funcionarios en puesto durante dicho periodo fueron condenados unos, sancionados otros, en función de su grado de responsabilidad.

Dura lex, sed lex, para todos.