En el momento de redactar este artículo (mediados de agosto), casi 1 de cada 5 españoles (8,7 millones sin contar los turistas) sufre cortes de agua corriente. Los embalses están en torno al 40% de su capacidad, frente a una media de diez años de casi el 60%, pero Andalucía está en un 23% y Murcia en un 32%.  Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura están en la media.

Ante tal incertidumbre sobre la futura disponibilidad de agua, los agricultores han reducido sus plantaciones. Es el caso, entre otros, del melón y la sandía, el tomate industrial, la zanahoria, el ajo y la cebolla. Otros (cítricos, por ejemplo) temen no poder regar sus cultivos.

El acuerdo político imposible

El regadío es la base del éxito de la agricultura española: el 22,5% de la superficie cultivada (3,7 millones de hectáreas) pero el 65% de la producción agraria final. España (independientemente del color del gobierno de turno) ha invertido mucho para conseguirlo. Así, entre otros y en los últimos 10 años, el riego por aspersión ha pasado de 497.000 a 565.000 hectáreas y el riego por goteo de 1,6 millones a más de 2 millones de hectáreas. En cuanto a la superficie total regada, se ha incrementado en más de 400.000 hectáreas controlando, o incluso disminuyendo ligeramente, el consumo de agua de la agricultura. Las principales producciones que se beneficiaron de este incremento fueron los cultivos arbóreos, olivo y vid en primer lugar, pero también frutos secos como la almendra y el pistacho.

Hablamos mucho hoy de sequía en España, pero nos olvidamos que el reto no es solo cuantitativo. También es cualitativo. En diciembre de 2021, por ejemplo, la Comisión interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar correctamente la Directiva sobre nitratos, una directiva con más de 32 años de antigüedad.

A las tensiones entre las regiones todavía potencialmente excedentarias (en el interior del país, menos desarrolladas) y las regiones del entorno mediterráneo (más ricas), se han sumado las batallas políticas y el ascenso al poder de una extrema derecha negacionista del cambio climático (o al menos de su urgencia) y que participa en muchos gobiernos regionales de la mano de la derecha “clásica”.

Una de las gotas que colmó el vaso fue la propuesta del nuevo gobierno andaluz, una coalición de derecha y extrema derecha, de aumentar en un máximo de 1.900 hectáreas la superficie regable en el entorno del parque natural de Doñana. La mayor reserva natural europea hoy en día agoniza, fijada por el desarrollo del turismo y el cultivo de frutos rojos; por la no depuración de las aguas residuales de varios pueblos; por los pozos ilegales y por la sequía y las consecuencias del cambio climático. Ni el gobierno regional (durante 40 años en manos de los socialistas), ni los distintos gobiernos nacionales (derecha e izquierda) que se sucedieron en el poder, supieron o pudieron evitarlo.

Sin acuerdo ni siquiera sobre el diagnóstico, una gestión racional del agua, aunque más que necesaria, es hoy lamentablemente imposible.

Tiritas y mercurocromo

Por lo tanto, solo son posibles soluciones a corto plazo, las que llamamos coloquialmente entre nosotros tiritas y mercurocromo.

La primera es el seguro agrícola. En 2023, las compañías desembolsaron durante este primer semestre 773 millones de euros, más que los 769 millones pagados en todo el año 2022 que ya fue un año complicado. Los cereales se llevaron 388 millones, 75,82 millones para frutas de hueso; 48,17 millones para la viña; 43,93 millones para citricultores; 35,01 millones para ajo y 34,16 millones para otras hortalizas. Se pagaron cantidades menores (entre otros) a los productores de cerezas, almendras o caquis.

Además, los productores de frutas de hueso, aguacates y mangos, cítricos y frutos secos recibieron 81 millones adicionales de la reserva de crisis europea, un mecanismo presupuestario previsto como colchón para hacer frente a necesidades imprevistas. A esto se ha de añadir más ayudas nacionales, estatales para los productores de tomate para industria (y arroz) que no han podido sembrar y determinados productores de cereza, y otras autonómicas.

Estas cantidades han sido, por supuesto, calificadas de insuficientes por los sindicatos agrarios, a los que se suman las cooperativas agroalimentarias que se quejan (no sin buenas razones) de que no se tiene en cuenta en los cálculos el lucro cesante de las herramientas comerciales de los agricultores.

¿Y mañana?

Más allá de las coyunturas económicas, se empieza a abrir el debate sobre un cuestionamiento real del modelo de desarrollo seguido por la agricultura española.

Tras un año 2022 ya complicado para el seguro agrario español; a pesar de un mayor apoyo estatal de 318 millones de euros (+23%) amparado por el Reglamento comunitario sobre ayudas estatales y a pesar de un fondo de garantía alimentado por las compañías de seguros durante los años «de bonanza», la acumulación de accidentes climáticos pone sobre la mesa la sostenibilidad del sistema español de seguros agrarios y los cambios necesarios a realizar.

Estos cambios van más allá del marco de los seguros. Muchos agricultores de regadío están empezando a darse cuenta de que los nuevos regadíos también pueden perjudicarles, fragilizando la seguridad de sus suministros.

Por supuesto, existen las soluciones técnicas y estas pueden y deben ser útiles. Esto implica, entre otras cosas, continuar con el desarrollo de modernas tecnologías de riego, el desarrollo de técnicas de cultivo con deficiencia de agua, la investigación de variedades, el uso de agua reciclada y de agua desalada.

Estamos viendo ya que, sobre el terreno, los agricultores se están adaptando. Cambian cultivos, cambian prácticas, se desarrolla la agricultura de conservación y el no-laboreo… Observamos también cambios en los períodos de siembra y recolección. Cabe preguntarse, además, si los retrocesos observados en la siembra de cultivos con alta demanda hídrica en verano, como el tomate para industria, el arroz, el maíz o la alfalfa, son simplemente coyunturales o pasarán a ser estructurales.

Incluso el potencial arbóreo está en peligro. Ya no hablamos solo de incendios forestales, sino también del arranque de manzanos y perales en Cataluña o de olivos en Andalucía.

España ha seguido un modelo de desarrollo cuantitativo de sus producciones. Ha llegado el momento de jugar más a fondo la carta de la calidad productiva y comercial.