Un sector hortofrutícola alineado con los retos globales de salud y sostenibilidad
Clara Aguilera, eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo.
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Durante este año, ha sido muy interesante el debate político sobre las estrategias De la Granja a la Mesa (Farm to Fork), de la que soy ponente en el grupo socialista europeo, y la Estrategia de la Biodiversidad, presentadas por la Comisión Europea e integradas en el Pacto Verde Europeo. Con estas iniciativas, la Comisión persigue un sistema alimentario más sano y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y en consonancia con la lucha contra el cambio climático.
He mantenido numerosos encuentros con organizaciones agrarias y ganaderas, federaciones de cooperativas, empresas, interprofesionales, organismos medioambientales, plataformas Agroalimentarias y múltiples colectivos del sector agroalimentario para explicar las novedades que proponen estas estrategias, recabando opiniones y propuestas muy interesantes para la fase de debate ahora en el Parlamento Europeo.
Las estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030 representan una oportunidad para la mejora de nuestro sistema alimentario, implicando a todos los agentes de esta cadena, desde el productor al consumidor, con un mismo compromiso de sostenibilidad. En las estrategias del Pacto Verde apoyamos la implementación de acciones respetuosas con el medio ambiente, aunque ambas propuestas políticas tienen aspectos que no me resultan adecuados, ni están basados en análisis científicos, sino que responden a deseos u objetivos políticos de la Comisión Europea, que deben ser analizados y que deberían tener en cuenta la auténtica realidad de los sectores agrarios para su futura aplicación, aportar soluciones positivas y alternativas viables a los cambios planteados, siempre siendo sensibles con la necesaria rentabilidad de los sectores económicos para garantizar su futuro y desarrollo competitivo.
En España tenemos una agricultura y una ganadería cada vez más alineadas con los retos medioambientales globales y con la lucha contra el cambio climático. El sector hortofrutícola, afamado a nivel internacional por la seguridad alimentaria de las frutas y hortalizas que produce, encamina su modelo de producción hacia una agricultura más eficiente, sostenible e innovadora, que apuesta por la mejora de sus explotaciones para alcanzar la mayor calidad, reduciendo la huella de carbono en sus procesos.
Tenemos un sector hortofrutícola muy consciente del valor de la salud, el productor de frutas y hortalizas adopta los más altos estándares de calidad que podemos disfrutar en todos los países europeos y otros destinos del mundo, gracias a una potente labor exportadora. Toda esta actividad aporta un valioso beneficio social, económico y medioambiental a las zonas rurales y al territorio.
“ La futura política agraria debe garantizar el bienestar y la defensa de cada sector productivo»
No obstante, hay que seguir mejorando. En estos próximos meses continuaremos con el debate político en el Parlamento Europeo para atender los desafíos que nos marca la agenda de sostenibilidad comunitaria basada en Pacto Verde Europeo y, por supuesto, de manera prioritaria, abordaremos la última etapa de la negociación de la nueva PAC, que votaremos en el mes de octubre y entrará en vigor en el año 2023. Además, también estarán en nuestro debate el futuro Marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y el Plan de Recuperación Europeo, denominado ‘Next Generation EU’.
La futura política agraria debe garantizar el bienestar y la defensa de cada sector productivo con medidas que favorezcan la competitividad y la sostenibilidad, y que ayuden a posicionar los alimentos en el mercado, refuercen la calidad y apoyen la internacionalización de las empresas.
Asimismo, defendemos un presupuesto justo y adecuado que favorezca las rentas de los agricultores y actúe contra las adversidades del mercado, contribuya a la lucha contra el cambio climático, ayude a obtener una soberanía alimentaria real en Europa y evite la despoblación de los territorios rurales.
Como principal novedad, los Estados miembros gozarán de un elevado nivel de autonomía para su aplicación, lo que hace necesario un fuerte compromiso individual y colectivo para que nuestra agricultura se vea reforzada en los próximos años como merece.