En la rueda de prensa posterior, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha justificado la necesidad de actuar para remediar el problema del desperdicio por razones de índole “económica, ambiental, moral y social”.
“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, ha afirmado el ministro, que ha recordado que cada español desperdicia cada año 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos.
El nuevo proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el despilfarro que debe incluir una jerarquía de usos en la que la prioridad es la utilización en alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Para las donaciones, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente aspectos como las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte, y la selección de alimentos.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los alimentos donados deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y su uso seguro, al tiempo que las empresas donantes y las organizaciones receptoras estarán obligadas a garantizar su trazabilidad mediante un sistema de registro de entrada y salida.
En un segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados en productos como zumos, mermeladas o cremas.
Si no son aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.
Fuente: EFE AGRO
