Aguilera rechaza usar la reserva de crisis para sufragar el veto ruso
La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, rechaza que Bruselas pueda recurrir al fondo de gestión de crisis de la Política Agraria Común para pagar las indemnizaciones a los afectados por el veto ruso, lo que sería "un mal precedente".
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En una entrevista concedida a Efeagro, Aguilera advierte que recurrir a este fondo limitaría aun más los presupuestos para el 2015 y, con ello, las acciones que pudieran acometerse en el futuro, por lo que exige al Ejecutivo comunitario que busque fondos extraordinarios, una opción que reivindicará desde la Eurocámara.
Apunta que la crisis provocada tras el veto ruso a las importaciones de ciertos productos agroalimentarios de toda la Unión Europea (UE), incluida España, «ha caído en el sector agrario, como podría haberlo hecho en el automovilístico o en el bancario».
El comisario saliente de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacián Ciolos, «ha incumplido su palabra cuando dijo que iba a sacar dinero de otros fondos y no del de gestión de crisis», agrega.
En este sentido, Aguilera instó a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo a llevar este asunto a la próxima reunión prevista para los días 5 y 6 de noviembre, con el objetivo de que se oponga, en el marco de las próximas negociaciones sobre los presupuestos de la Unión Europea para 2015, a usar fondos de la PAC para pagar los gastos originados por una crisis «política».
Aguilera trabajará, asimismo, en el seno del grupo de los socialdemócratas europeos en el Parlamento para que la factura de la crisis por el veto ruso no se sufrague con fondos del propio sector, sino a través de partidas excepcionales, según asevera.
«Sería un mal precedente. Además, se quedaría un fondo de gestión de crisis con pocos recursos, de apenas 80 millones de euros, para todo el año que viene» y para atender próximas contingencias.
En su opinión, «hay que resolver la crisis», pero «no entiendo que la paguen los agricultores, y así lo tendría que haber exigido el Gobierno de España, que ha querido quedar bien en las fotos en las reuniones con el sector, pero pelea poco en Bruselas».
Sobre la gestión comunitaria del veto ruso, Aguilera concreta que la Unión Europa «ha tirado de la norma creada» con la E.coli -o «crisis del pepino», causada por un brote infeccioso de esta bacteria- para actuar con rapidez, pero critica que no se cuente con una normativa suficientemente asentada.
Recuerda, en este sentido, los cambios en los reglamentos europeos aprobados para responder a la crisis derivada del veto y critica que se dejen, sin justificación, producciones sin amparar de compañías que no exportaban directamente a Rusia, aunque en muchos casos sí lo hacían de forma indirecta, a través de reexpidiciones a ese mercado del Este europeo, efectuadas desde Alemania u Holanda.
«Hay sectores que se han discriminado» a la hora de dotarles de compensaciones, denuncia Aguilera, quien va más allá y añade que «se ha actuado improvisadamente».
También aprecia errores en el papel que ha jugado durante todo el proceso la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, porque «ha actuado a remolque» y «en las medidas de apoyo que se han adoptado, poco ha tenido que ver el Gobierno y el Ministerio de Agricultura».
Más aún, afirma que, en la primera reunión de crisis que hubo en instituciones comunitarias, el Ministerio envío a un representante «de tercer nivel» cuando, al sector y a ella misma, le hubieran gustado que fuese Tejerina quien hubiese estado allí, «defendiendo» los intereses nacionales «como hacían otros ministros» europeos.
«Para defender a España hay que estar en los espacios» oportunos y la ministra no ha presionado ante Europea, como miembro del Consejo, concluye la vicepresidenta.
