AECOC se opone al Real Decreto Ley de Transporte por carretera que se aprueba este mes

El paro del transporte previo a la Navidad culminó con un acuerdo entre Comité Nacional del Transporte y el Ministerio de Transporte en el que se planteó un Real Decreto Ley que regule el transporte terrestre de Mercancías, que se aprobará finalmente este mes de febrero.

En él, se han establecido dos medidas principales: se pone fin a la carga y descarga de los conductores y se recoge la subida en la factura de forma obligatoria del precio del gasóleo, sin cláusulas “salvo pacto en contra”, y se prevén sanciones para los que incumplan. 

Esto supone una nueva etapa en el transporte de mercancías por carretera según señalan desde Fenadismer, ya que “se ha dado un paso de gigante en la dignificación de la profesión del conductor”.

Sin embargo, hay diversidad de opiniones respecto a este Real Decreto. Sin ir más lejos, AECOC ha lanzado un comunicado en el que se informa que ha solicitado una reunión urgente con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el impacto de las medidas previstas, ya que según la asociación, “algunas de las propuestas supondrán una pérdida drástica de competitividad para las empresas y el conjunto de la economía”. Asimismo, considera que el acuerdo perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas.

“Las propuestas realizadas son de muy difícil cumplimiento y van a generar tensiones innecesarias en el sector”, detallan en su comunicado.

En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5tn que recoge el Real Decreto Ley, AECOC señala que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio -especialmente las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía.

Para la asociación, las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas, sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos. “Es importante destacar que, en caso de que sea el conductor quien realice estas tareas, este hecho debe estar debidamente reflejado en el contrato, pagado a parte y, por supuesto, realizado con las máximas garantías de seguridad, prevención de posibles riesgos laborales y comodidad para el conductor”, explican.

En cuanto al acuerdo del gasoil, “estamos de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible, no obstante, entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. Las fórmulas planteadas por la administración no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida”, añaden desde AECOC.

Por su parte, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha respondido a AECOC con otro comunicado, en el que manifiestan: “nos parece inaudito que los cargadores critiquen el acuerdo suscrito por las asociaciones de transporte que componen el CNTC con el Ministerio de Transportes el pasado mes de diciembre, en el que de lo que se habla fundamentalmente es de dignificar una profesión en la que ellos, con sus malas prácticas, son los principales causantes de su deterioro, y de hacer rentable una actividad olvidando que también son ellos los que, aprovechándose de esta posición de dominio, más contribuyen a envilecer las condiciones del mercado en beneficio propio”.

Para CNTC, todas las partes supieron concretar y materializar un compromiso justo que contiene, tanto medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los conductores, como a equilibrar las relaciones de los transportistas con sus clientes, los cargadores, y a aportar cierto músculo a las empresas de transporte a fin de garantizar su supervivencia.

Además, según señalan, se trata de un acuerdo que beneficia a todas las empresas del sector, independientemente de su tamaño, aunque bien es verdad que eran los autónomos y las pymes, que en este sector representan el 80% del tejido empresarial, los que más necesitaban de herramientas normativas que les permitieran defenderse en el mercado, como son, por ejemplo, la prohibición de que los conductores carguen y descarguen o la cláusula obligatoria de revisión de sus tarifas por el precio del gasóleo. Otras medidas, como la no implantación de peajes, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una, el mantenimiento del gasóleo profesional o la lucha contra la competencia desleal, son medidas transversales que afectan a todos, grandes, pequeños y autónomos, por igual.

“Las empresas de transporte necesitan que estas medidas se apliquen, pero sobre todo que lo hagan de forma inmediata para que se garantice su supervivencia”.

“Lamentablemente, tendremos que hacerlo con la oposición de asociaciones de cargadores como AECOC, que si nos aplaude y reconoce como sector esencial lo hace porque las palabras son gratuitas y no les cuesta dinero, porque cuando se trata realmente de dignificar al sector y tratarlo en consecuencia a ese reconocimiento, entra en juego la cuenta de resultados y pone en marcha todos sus mecanismos de poder para que se perpetúe el abuso sobre el más débil de la cadena y poder así seguir asegurándose sus márgenes a costa de los transportistas”, concluye el comunicado de CNTC.