La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado el Informe sobre su actividad inspectora y de control a lo largo del primer semestre de 2017, cuyos resultados se han presentado al Consejo Asesor de la Agencia. Unos resultados de los que se desprende que la mitad de las de su creación se han realizado en ese primer semestre del año, con un total 1.698 inspecciones de oficio de las 3.485 llevadas a cabo desde la creación de AICA en 2014.
Por sectores, en 2017 se han llevado a cabo 875 inspecciones en el sector de frutas y hortalizas, 331 en sectores cárnicos (bovino, porcino, ovino, caprino, cunícola y equino), 151 en el sector oleícola, 121 en el sector de cereales, 100 en el sector vitivinícola, 89 en el sector lácteo, y 31 inspecciones en otros sectores (huevos, miel y conservas de pescado).
Además de los Programas de control e inspección efectuados de oficio, AICA investiga todas las denuncias que se le presentan. En estos 6 meses, se han recibido un total de 38 denuncias (15 en el sector lácteo, 11 en frutas y hortalizas, 6 en el sector oleícola, 3 en el sector vitivinícola, 1 en el sector cárnico (pollo), 1 en legumbres y 1 en semillas. De estas 38 denuncias recibidas, 6 se refieren a “venta a pérdidas”, y por tanto, han sido trasladadas a las CC.AA para su investigación y sanción.
En total ya se han recibido 189 denuncias desde 2014, el 30% correspondientes a venta a pérdidas.
SANCIONES
En cuanto a las sanciones, en el primer semestre de 2017, se han propuesto 337 sanciones, y desde la creación de AICA, el total de sanciones asciende a 686.
Los sectores que acumulan más sanciones son el sector lácteo con 213 sanciones, y el sector de frutas y hortalizas con 190 sanciones.
El importe total al que ascienden las 686 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena es de 8.236.877,88 €.
De las 686 sanciones propuestas, 313 corresponden a la industria alimentaria (46%), 240 a la distribución comercial minorista (35%), 126 a la distribución comercial mayorista (18%) y 7 a productores (de leche) (1%).
De las 313 planteadas para la industria alimentaria, el 63% (196) lo acumula el sector lácteo. En el caso de los distribuidores minoristas, suman 240 sanciones propuestas, aglutinando 135 los supermercados (incluidos los formatos de descuento). En cuanto a los mayoristas, frutas y hortalizas es el sector con más sanciones: 118 de las 126 totales.
En general, el motivo más frecuente de sanción se debe al incumplimiento de los plazos de pago (41%). Cometer más de una infracción (30%) es la segunda causa de infracción más común detectada desde el inicio de la actividad inspectora de AICA, seguida de la ausencia de contratos, en un 19% de los casos.
Siete empresas están en situación de reincidencia. De ellas, tres acumulan más de dos sanciones leves, por lo que la siguiente tendría carácter de grave; otras tres agrupan más de dos sanciones graves, por lo que la siguiente tendría carácter de muy grave; y una empresa acumula más de dos sanciones leves y más de dos sanciones graves.
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA)
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fue creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
La actividad de control que ejerce la Agencia se realiza cuando ésta recibe una denuncia por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria, y mediante inspecciones de oficio cuando dispone de información o indicios de posibles infracciones a dicha Ley. AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador correspondiente en caso de detectar algún incumplimiento siempre que le corresponda hacerlo en virtud de la potestad sancionadora que le otorga la ley de la cadena.
Además, AICA tiene encomendada la gestión de los sistemas de información y control de los mercados en el sector oleícola y en el sector vitivinícola, así como el control oficial de los operadores acogidos a Denominaciones de Origen Protegidas o a Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyos ámbitos territoriales se extiendan a más de una Comunidad Autónoma.
