Así lo ha manifestado la asociación en el informe solicitado sobre la propuesta de Decreto Foral de Venta Directa.
La venta directa de los productos agrícolas y ganaderos, señala la asociación en un comunicado, evita la necesidad de intermediarios, cuya intervención puede suponer, según diversos estudios, un encarecimiento del producto en torno al 300%.
Por tanto, la asociación entiende que el primer beneficiado de esta práctica «puede ser el bolsillo del consumidor».
Asimismo, Irache entiende que la cercanía de esta práctica comercial puede posibilitar un mayor conocimiento por parte del consumidor sobre el origen y el proceso que ha atravesado el producto hasta llegar a sus manos.
Otro aspecto positivo de la venta directa, según Irache, es que puede ser una actividad productiva que ayude al mantenimiento del mundo rural y las producciones locales, colaborando así en la pervivencia económica de estas zonas.
Junto a ello, la venta directa fomenta un sistema de distribución «más respetuoso con el entorno» y evita los largos desplazamientos de alimentos.
Además, Irache cree necesario que se asegure que estas prácticas cumplen todas las garantías sanitarias y que los productos llegan al consumidor con unos niveles de salubridad óptimos, tal y como ya se exige en la industria y el comercio alimentario.
Opina igualmente que es imprescindible que estas prácticas se ejecuten siempre con una total transparencia en la facturación. De esta forma, con la entrega de la factura el consumidor podrá tener un documento que demuestre la compra y que podrá utilizar en el caso de que haya cualquier tipo de problema.
Irache destaca que de esta manera se combatirá también el fraude fiscal y se asegurará que estas prácticas comerciales participan en la economía navarra aportando, como cualquier otra, los impuestos que le correspondan.
En definitiva, desde Irache se considera positiva la potenciación de la venta directa, que con sus características concretas «amplía la posibilidad de elección para el consumidor».
Al mismo tiempo, considera que la Administración debe asegurar que estas prácticas, «como cualquier otra, cumple con todas las garantías sanitarias y fiscales».
