En su reciente visita a Valencia, el titular del MAPA fue claro sobre el pago a la Seguridad Social de cuotas como autónomos por pequeños productores, señalando que, «en conjunción con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene previsto hacer pública una aclaración de la aplicación de la norma en el sentido de que no sea obligatorio para aquellos que se dediquen a tiempo parcial o de manera complementaria».
Como se recodará esta polémica saltó en el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril sobre medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobada en el marco de la pandemia para flexibilizar las cotizaciones.
Pero aclarado este punto, los autónomos, incluyendo a los agrarios, que solicitaron algunas de las medidas que ha ido poniendo en marcha el Gobierno a lo largo de la pandemia podrían enfrentarse todavía a comprobaciones por parte de la Administración o de las entidades que gestionaran estas ayudas. Según los expertos consultados, es posible que aumenten las revisiones a partir de 2022 y, por extensión, las devoluciones si no se han cumplido los requisitos.
Por ejemplo, las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad exigían una determinada caída de ingresos y facturación durante los meses siguientes a la solicitud que, si no se cumplió, podría dar lugar a una requerimiento de devolución del dinero por parte de las mutuas. Lo mismo ocurre con los ERTE a raíz del COVID, que han exonerado de las cotizaciones por sus empleados a los empresarios y que han incluido desde el principio algunos condicionantes como mantener la plantilla intacta durante los siguientes meses para no tener que devolver las bonificaciones.
DEHECHO, ya se está solicitando a los autónomos que han cobrado que acrediten mediante facturas a qué están destinando exactamente el dinero de las subvenciones recibidas», explicó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons.
Tampoco hay que olvidar que los préstamos a la liquidez o a la inversión del Instituto de Crédito Oficial (ICO), son finalistas y el propio instituto previó varios usos y finalidades de cada línea a las que se tenían que ceñir tanto la entidad financiera como el propio beneficiario.
