El también CEO de Nueva Pescanova ha intervenido este martes en la inauguración en Santiago de Compostela del Congreso de Gran consumo que organiza esta asociación en el que ha defendido a un sector que supone el 25 % del PIB y que se siente «criminalizado» y «presionado» con la regulación por parte del Estado.
A su juicio, el mayor ejercicio de solidaridad corresponde al Gobierno y «no puede trasladarla» ni a las personas ni a las empresas.
Y es que, según sus cálculos, cuando un ciudadano hace la compra, el 17 % del precio del pollo, le 16 % de lo que paga por la pasta y el 20,8 % de lo que le cuesta una merluza son impuestos, ha ejemplificado.
Las cuatro peticiones clave que ha vuelto a solicitar al Gobierno para fomentar el consumo son bajar el IVA de productos alimentarios como carne o pescado gravados al 10 % al superreducido del 4 % temporalmente, deflactar el IRPF, retrasar la entrada en vigor nuevos impuestos y mejorar la seguridad jurídica.
Ha reclamado para las empresas de fabricación y distribución, en su mayoría pymes, un contexto «menos hostil» y con «más seguridad jurídica» para poder contribuir al crecimiento económico.
«El gran consumo no es el culpable de la subida de precios, es una víctima» ha aseverado, pues las empresas trabajan por proteger el poder de compra de los ciudadanos, pero «sólo recuperando el consumo» se podrá dinamizar la economía y fomentar la recuperación.
Respecto a las perspectivas, ha dicho que tras un buen verano los próximos meses serán sombríos, un panorama que la cadena de valor debe afrontar «juntos» y sin «hacer la guerra» entre los diferentes eslabones.
De hecho, el Congreso de Aecoc se ha denominado «Juntos abriendo camino».
Para el presidente de Aecoc, el sector se enfrenta a un camino tortuoso y un futuro «incierto» por el contexto socioeconómico que ningún país «ha podido evitar» pero que las medidas que se han tomado «condicionan» la situación en cada mercado.
Se ha referido igualmente a la «gran asignatura pendiente» de la productividad en España y de deuda pública, que ha calculado en 30.000 euros por ciudadano.
En su intervención ha demandado «ser respetados y escuchados» por la clase política, pues se trata de un sector que lleva «al consumidor en la sangre», que los valoran y eligen «cada día y no cada cuatro meses».
En la primera ponencia, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha argumentado que según los datos macroeconómicos se presentan dos escenarios para los próximos meses, la desaceleración o la recesión.
Según sus cálculos, este último trimestre tendrá un crecimiento cercano a cero y el primer trimestre de 2023 se podrá ir a negativo.
El Congreso, que se desarrollará hasta mañana en Santiago, ha arrancado con la actuación de la banda de gaiteros de la Diputación de Orense ante la atenta mirada de los más de un millar de congresistas acreditados.
Fuente: EFE
