El uso (y abuso) de fitosanitarios en entredicho

La estrategia “De la Granja a la mesa”  propone objetivos ambiciosos: reducir un 30 % el uso y el riesgo de los fitosanitarios y reducir un 50 % el uso de los plaguicidas para 2030. El conseguirlo, o al menos el avanzar decididamente hacia esta meta no es una opción, es una necesidad para que la especie humana podamos seguir sobre esta tierra.

La salud humana se construye con buenas costumbres de vida y buenas praxis en el recurrir a buenos medicamentos. La salud animal se basa en un bienestar de los animales y buenas praxis en el uso de buenos medicamentos veterinarios.

El uso de los fitosanitarios en salud vegetal debe reducirse al mínimo posible. La lucha integrada (Integrated Pest Management) es una realidad que se consolida y desarrolla. Cuenta con gran aceptación entre nuestros mejores productores y con empresas con gran profesionalidad. Es claramente una prioridad en la que gana el medio ambiente, gana la biodiversidad, mejoran las cosechas y disminuyen los costes, lo que es bueno tanto para el agricultor como para el consumidor.

Los medicamentos son recetados por los médicos, y hay una información constante por parte de las autoridades sanitarias sobre los peligros de la automedicación. Los veterinarios son los que tienen la capacidad legal de recetar los cuidados que requiere el animal con la responsabilidad legal que les corresponde.

Los fitosanitarios son facilitados por los vendedores de las firmas, siendo una parte de su sueldo función del volumen de ventas. ¿No os parece que hay algo que no cuadra?

En Francia, han legislado de una forma drástica: separar desde el 1 de enero del 202 el consejo técnico de la venta lo que ha creado problemas, y los sigue creando, a las cooperativas entre otros. Los operadores se están adaptando a esta norma y están apareciendo intermediarios ligados a las firmas o las cooperativas, pero independientes legalmente.

La historia me parece muy sencilla. La prescripción de los productos fitosanitarios deben ser la responsabilidad de profesionales especializados y formados para ello, como lo son los veterinarios para la salud animal, que asuman la responsabilidad practica y legal de su uso. De hecho, el buen hacer de los veterinarios es una de las razones que explican la disminución, más que bienvenida, del consumo de antibióticos en las explotaciones ganaderas.

Entonces, los vendedores de las compañías deberán competir para ofrecer a los agricultores la mejor relación calidad-precio de las sustancias activas recetadas por el correspondiente profesional.

Con respecto a la situación actual, esta propuesta representa, a mi juicio, mejoras importantes. La primera es la responsabilidad legal que recae en el prescriptor y la formación específica y actualizada que tendrá que tener para poder cumplir correctamente con su nueva función. La segunda es la disminución esperable del uso de fitosanitarios, de una forma controlada y razonada. La tercera es que se crea un marco de mayor competencia entre los prescriptores que puede servir, en un futuro si la experiencia francesa acaba positivamente, para en España también diferenciar legalmente prescripción y venta.

No es una reivindicación gremial

Cuando he expuesto esta idea en otros foros, me han tildado de corporativista, cuando no de gremial, defendiendo a capa y espada las competencias profesionales de los ingenieros agrónomos. Ni que decir tiene que este no es mi propósito.

Por supuesto, entre los potenciales autorizados estarán muchos compañeros ingenieros agrónomos, muchos pero no todos. Los incompetentes en la materia, como yo, no pintamos nada en este entierro. Al mismo tiempo, estoy convencido que habría otras profesionales, seguramente por ejemplo entre los químicos, los bioquímicos o los biólogos,  perfectamente aptos a conseguir la homologación.