Hay que escuchar y atender a los agricultores

Dejamos atrás una campaña hortofrutícola que fue, sin duda, una auténtica montaña rusa de sucesos que condicionaron la actividad agraria en su faceta comercial y agronómica. Recuerdo que, hace justo un año, Proexport abría los medios del sector con un titular que hoy podríamos repetir sin cambios: “En Fruit Attraction, debemos hablar de costes con nuestros clientes”.

Así es. Falta a la verdad quien achaque únicamente a la guerra en Ucrania los brutales incrementos de costes que todos sufrimos. En la España post-COVID, cinco meses antes de que estallase el conflicto, nuestras empresas registraban anormales subidas de precios de plásticos, fertilizantes, envases, semillas o electricidad, además del impacto financiero del nuevo SMI. Hablábamos de subidas globales del 12% al 18%. Luego sí que llegó la guerra y el consiguiente desmadre energético. Nos metimos en el 22%, el 30%, el 34%… ¡de espanto! ¿Qué podíamos hacer? Lo primero, abrir negociaciones comerciales con clientes y proveedores para pedir responsabilidad compartida y precios en origen actualizados a la nueva situación. Lo segundo, planificar con criterios de prudencia la oferta productiva. Y tercero, acometer más y más ajustes en nuestros costes empresariales para intentar ser aún más eficientes.

Salvo en situaciones de mercado de escasez de oferta y fuerte demanda (mírese la sandía este verano), encontramos habitualmente una rigidez muy grande en los precios en origen. Esto es, la imposibilidad de empresas y agricultores de trasladar los incrementos de costes al siguiente eslabón de la cadena. Es una reivindicación del sector que a esos eslabones, los de intermediación y distribución, se les pida algo más que sensibilidad con esta situación. Del mismo modo que hacia nuestros proveedores resulta obligado exigirles moderación porque, en ocasiones, trasladan unos precios de insumos inasumibles y, en algunos casos, el sector aprecia criterios especulativos.

No es el momento de asfixiar al productor en origen, ni con más costes, ni impuestos, ni normativas extremas

¿Puede el Gobierno ayudar en esta situación? Puede y debe. El camino a seguir es el del Ministerio de Agricultura, no cuando elabora una Ley de Cadena Alimentaria con ciertos artículos de gran inseguridad jurídica y burocracia rampante, sino cuando limita el precio del agua desalada para el regadío. En la senda contraria camina hace tiempo el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha emprendido una campaña de descrédito de la agricultura intensiva y de regadío, contra el Trasvase Tajo-Segura, la construcción de embalses y la interconexión de cuencas, contra los envases sostenibles que protegen y conservan nuestros productos en las fruterías y que evitan su desperdicio…

¿No sería mejor escuchar y atender las propuestas de agricultores, regantes (Fenacore, Scrats), ingenieros agrónomos, empresarios y cooperativistas agrarios? ¿Por qué ha de ser su opinión y experiencia menos válida que la de un grupo ecologista o una plataforma social con Instagram y TikTok? ¿Por qué no, con la que nos está cayendo (y la que va a caer), establecer una moratoria de 3-4 años a las normativas más restrictivas y dar al sector primario algo de aire y más facilidades para afrontar la actual coyuntura de incertidumbre e inflación?

Hemos repetido que todos los eslabones de la cadena debemos estar a la altura de las circunstancias. Todos. No es el momento de asfixiar al productor en origen, ni con más costes, ni con más impuestos, ni con más normativas extremas. Dejemos descansar el BOE. La coyuntura es negativa, pero la gente sigue queriendo comer nuestras hortalizas y frutas porque son sanas, ricas, aportan bienestar y cuestan muy poco. Sólo pedimos más flexibilidad, menos imposición y plazos más adecuados para adaptarnos a todo. Hagámoslo y los consumidores españoles y europeos serán, estoy seguro de ello, los más beneficiados.