Más implicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
El presidente de la Asociación Valor Ecológico, Francisco Casero Rodríguez ha remitido un escrito al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir, D. Manuel Romero Ortiz, instando al importante papel que esta entidad tiene en el crecimiento económico andaluz.
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El mayor problema que padece Andalucía es el paro: paro total y en sus facetas de desempleo juvenil, femenino y de larga duración. La situación tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios es alarmante, agravado por la crisis económica de los últimos años. Por ello, todas las Administraciones Públicas con sede en el territorio andaluz y dentro de sus competencias territoriales y sectoriales deben abordarlo como elemento fundamental en sus actuaciones.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene una gran implicación en el desarrollo de Andalucía. A ella le compete, por su importancia, colaborar al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma y por tanto al aumento del empleo. El agua y su manejo tienen que tener como una finalidad prioritaria el desarrollo territorial y por ende la creación de empleo en dicho ámbito. Por ello sería conveniente que la CHG, al igual que el resto de Administraciones Públicas en Andalucía, en la rendición de sus actividades y cuentas anuales, determine, de manera desagregada en el territorio, la creación de empleo directo e indirecto en función de sus actuaciones.
Expone el presidente de Ecovalia en su escrito que la coordinación de la Administraciones Públicas es fundamental para la constitución de sinergias de desarrollo en el territorio, que pueden ir desde acuerdos de racionalización de las actividades a desarrollar, a equipos conjuntos de trabajo y hasta acumulación de presupuestos para fines determinados. Todo grado de colaboración es positivo y redundaría en una mejor utilización de los recursos disponibles y afectaría positivamente a la creación de empleo. Por ello, la Junta de Andalucía, como Administración territorial, y la CHG deberían constituir un órgano de colaboración con la participación, para el análisis de los proyectos e inversiones de ambas Administraciones, de manera que aquellos sean los más adecuados para el desarrollo territorial y estas se realicen de forma coordinada de manera que sean las más rentables posibles para la creación de riqueza y empleo. La CHG tiene legalmente constituidos un conjunto de órganos de participación dónde es alta la representación de la Junta de Andalucía, pero es tanta la importancia en la cuenca del Guadalquivir de la Comunidad Autónoma, tanta la importancia del desarrollo territorial en ella y tanta la necesidad de creación de empleo, que la constitución de un órgano de colaboración sería muy importante.
Todas las Administraciones Públicas, desde hace varios años, tienen planes de “simplificación administrativa”, pero, salvo excepciones, los trámites siguen siendo farragosos para el ciudadano que solicita una petición a la Administración. Y ello es más significativo cuando la petición es referente a una actividad económica, porque en este caso la tardanza del procedimiento influye negativamente en el ánimo del interesado en la actividad, que al ser de naturaleza económica puede posibilitar la creación de empleo. En la CHG existe un problema anterior a la transferencia, no solucionado durante el periodo de esta y vuelta al Organismo de nuevo tras la reversión. De hecho, esta anomalía de retraso en los procedimientos, fundamentalmente en concesiones de aguas, es reconocida públicamente por la CHG que ha indicado que pondrá los medios materiales y económicos para solventarla.
El gran inconveniente que tiene la simplificación administrativa radica en que se ha querido arreglar con medios materiales, sobre todo con la utilización de tecnologías de la información y el uso de la informática, tecnologías muy importantes, pero sin haber ido al núcleo de la cuestión, que es la eliminación de trámites, la agilización de estos y en su caso, la supresión de procedimientos; y ello supone modificar bastante normativa en vigor, con las dificultades que ello conlleva. En el caso de la CHG, ateniéndose a la normativa actual en todo caso, podría hacer uso, lógicamente en el ámbito de la legalidad, teniendo muy en cuenta la necesidad perentoria de desarrollo y creación de empleo que tiene la cuenca del Guadalquivir.
El sistema agropecuario andaluz tiene unos pilares importantes en la Agricultura y Ganadería Ecológica. De hecho, Andalucía es en la Unión Europea, la región con más extensión superficial de este sistema agropecuario, y por el valor añadido que aporta actualmente y por las grandes expectativas de presente y futuro, las Administraciones Públicas, especialmente las agrarias y medioambientales, lo tienen que proteger y fomentar. La CHG, aunque es un organismo dedicado fundamentalmente al agua y su regulación, por la necesidad de su implicación en el medio rural, debe ser sensible a este sistema de explotación, pero su actuación solo puede actualmente ser coadyuvante de las medidas normativas que adopte el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del que depende, y si fuese posible un tipo de acuerdo con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, las que ésta adopte, teniendo en cuenta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma es la Administración con mayor competencia.