Los agricultores murcianos reclaman un decreto de sequía
El sector agrícola en su conjunto se ha reunido con el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, para transmitirle los diferentes problemas que persisten en el tiempo, entre ellos la sequía que afecta a frutos secos y, en concreto, al almendro, por lo que insisten en que el Gobierno central apruebe un decreto.
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Al encuentro han asistido, entre otros, el presidente de Proexport, Juan Marín; el presidente de COAG, Miguel Padilla; el presidente de ASAJA, Alfonso Gálvez; el secretario de UPA, Marcos Alarcón, y el presidente de FECOAM, Santiago Martínez, que ejerció de portavoz, y que advirtió que próximamente habrá reuniones para tratar cada uno de los problemas.
Padilla explicó que pro el momento se han aprobado lo que calificó como un paquete «secundario» que incluía, entre otros asuntos, una moratoria en el pago a la Seguridad Social y un adelanto de la ayuda de la PAC, pero que faltaría por concretar un nuevo paquete para los frutos secos.
Los temas que han sido tratados hoy, además de la sequía, fueron el Programa de Desarrollo Rural, la modificación del articulado de los seguros agrarios, el Plan Hidrológico Nacional -han pedido reunión con la ministra de Agricultura-, la reducción de las tarifas eléctricas para regantes y manipulado de frutas y hortalizas -han pedido reunión con el ministro de Industria-, Red Natura 2000, y exenciones en el impuesto de Sucesiones.
La reunión fue solicitada por el sector para comunicarle que «está unido» en una serie de reivindicaciones que consideran justas, por lo que piden la colaboración de Garre para que, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas, solicite a Industria que les reciba, dado que hasta el momento «se han negado en recibirles».
Al respecto, explicó Martínez que «es imposible» pagar una tarifa al año, cuando sólo necesitan la potencia que algunas industrias han contratado para una campaña de cuatro meses, por lo que reclaman una tarifa especial para ellos.
Respecto a la Red Natura, la directora general de Medio Ambiente, Encarna Molina, les ha asegurado que antes de final de año podría estar solucionado este asunto, mientras que en sucesiones, Garre consideró injusto que los agricultores se vean perjudicados por un impuesto a la hora de heredar o que incluso tengan que vender parte de su patrimonio para poder pagar ese tributo.
Por otra parte, y preguntados por la reforma del régimen de precios de entrada para las importaciones de tomate marroquí, Juan Marín, de Proexport, dijo que «desafortunadamente» Europa ha cedido a las presiones de Marruecos para que se revisen los acuerdos, lo que supondría «la liquidación definitiva» del cultivo de tomate en Águilas y Mazarrón.
Por ello, han solicitado a Garre que negocie con el Gobierno central e incluso con Bruselas para que no se vea perjudicado este importante sector económico regional, ya afectado desde hace años por la entrada de tomate marroquí sin que existe un control riguroso en fronteras de los cupos.
