La Ley de la Cadena Alimentaria, un aliado

Más de un centenar de profesionales, especialmente del sector fresero onubense, acudieron a la jornada celebrada ayer sobre la Ley de la Cadena Alimentaria. Las sesiones de trabajo fueron inauguradas a las 16,30 horas por Álvaro Silva Mejías, socio director de Garrigues en Andalucía, y el presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García Palacios. La ponencia ‘Adaptación de las empresas a la ley de la cadena agroalimentaria: aspectos prácticos y problemas en contratación’ fue abordada, conjuntamente, por José Ramón Tenor y Guillermo Zamora. Con posterioridad, el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Herrero Velasco, habló sobre ‘El control del cumplimiento de la ley: prácticas comerciales abusivas, denuncias y régimen sancionador’. Para finalizar, se celebró un café-coloquio donde los asistentes pudieron intercambiar impresiones.

La “Ley sobre la Cadena Alimentaria” entró en vigor en enero de 2014 con la finalidad de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Desde entonces se han establecido nuevas reglas de funcionamiento para todos los operadores del sector y la Agencia de Información y Control Alimentario ha iniciado numerosos procesos de inspección. Así, desde Garrigues y Caja Rural del Sur se pretende con estas jornadas realizar una reflexión conjunta sobre la cadena alimentaria y facilitar una mejor comprensión de la Ley, «dando respuesta a las múltiples dudas que suscita en el sector agroalimentario».

Como comentaron a lo largo de la Jornada, en un principio se encontró un mayor número de incidencias era en el eslabón de la Gran Distribución, muy concentrada frente a la atomización del resto de los operadores, pero esta se ha sabido adaptar rápidamente a las cláusulas de la ley. Sin embargo, el sector productor, está teniendo más dificultades.

La Ley , según José Miguel Herrero, del AICA, se basa en la regulación de tres puntos fundamentales:

1. La formalización de contratos para proteger a aquel que tiene menos capacidad de negociación
2. El establecimiento de un precio al inicio o una fórmula para regularlo
3. Unas condiciones de pago fijadas menores a 30 días tras la fecha de factura

Para su cumplimiento, el AICA informa que se pueden realizar denuncias, tanto de forma oficial como a través de reuniones o cualquier tipo de comunicación, para que ellos, como organismo regulador, puedan velar por que se cumpla la ley y establecer sanciones en el caso de que sea necesario. “Es como si fuera un campo de juego, nosotros somos el árbitro y sacamos tarjetas rojas”, declaró José Miguel herrero, del AICA. “Son imposiciones legislativas que incluyen normativas en defensa de todos los operadores”, manifestó Álvaro Silva de Garrigues en la Jornada.

En la actualidad, el AICA ha inspeccionado más de 3.000 actividades comerciales y 350 empresas de frutas y hortalizas, siendo el primer sector investigado. En total, se han supervisado 650 empresas del sector agroalimentario, de las que el 20% no cumplía con las cláusulas de la ley. De estas, el 40% se debía a un retraso en los pagos y el 25% por la ausencia de contratos.

“No queremos hacer sangre en el sector, sino tan solo actuar como disuasorio para que de aquí a unos haya el equilibrio en las relaciones de la cadena de valor sea una realidad”, manifestó José Miguel Herrero.

Autor: Alicia Lozano