La distribución hispano-lusa se une con un manifiesto por Europa
La distribución comercial representa un 13% del PIB en ambos países y es uno de los grandes creadores de trabajo, aportando el 17 y el 14% del empleo, respectivamente. Los cambios estratégicos que el sector debe abordar en materia de sostenibilidad y competitividad dependen casi exclusivamente de la legislación de la Unión Europea. Las organizaciones reclaman portavoces del comercio en cada uno de los grupos parlamentarios, así como un comité específico de retail en la Eurocámara.
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Las principales organizaciones representativas de la distribución comercial en España y Portugal han firmado un Manifiesto Hispano-Luso por el que reclaman una mayor consideración social y política del sector en el próximo Parlamento Europeo. El comercio es un sector estratégico para las economías de ambos países. En España, representa el 13 por ciento del PIB y el 17 por ciento del empleo; en Portugal, el comercio aporta el 13 por ciento del PIB y el 14 por ciento del empleo. Además de la contribución del sector al crecimiento sostenido de la economía, destaca su papel como creador de empleo estable, de calidad y femenino y su contribución a la vertebración social y territorial en ambos países.
En consonancia con estos datos, ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), APED (Associaçao Portuguesa de Empresas de Distribuiçao) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) piden que el comercio sea considerado como prioritario por parte de los representantes portugueses y españoles en la composición de las instituciones europeas que saldrá de la convocatoria electoral del próximo 9 de junio. La importancia de Europa para la distribución comercial es crucial porque los asuntos más estratégicos que el sector debe abordar dependen casi exclusivamente de normas comunitarias. Para estas asociaciones, “la defensa de los intereses del sector debe guardar consonancia con su importancia para ambas economías y para la vida diaria de los ciudadanos”, ya que la distribución comercial forma parte esencial de los 14 ecosistemas estratégicos definidos por la Comisión Europea.
La consideración prioritaria del comercio se concreta en la necesidad de que la distribución cuente con portavoces líderes en cada uno de los grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo, así como un comité específico de retail en la Eurocámara. Además, solicitan la creación de un grupo de expertos en la Comisión Europea -institución encargada de proponer las leyes europeas- en el marco del que desarrollar una interlocución constructiva entre el legislador y las empresas.
El Manifiesto se divide en cinco partes. Las dos primeras sobre “El reconocimiento a un sector estratégico” y “La consideración social y política” describen la importancia social y económica de la distribución comercial y solicitan un peso institucional paralelo a su importancia. La tercera se ocupa de “Las personas: asuntos laborales” y aborda temas como la necesidad de establecer mecanismos para reducir el absentismo laboral -creciente en ambos países-, incrementar la capacidad para atraer y retener el talento y reducir el coste regulatorio de la normativa laboral, entre otros.
La cuarta trata sobre “El impulso a la competitividad de las empresas” e incide en la necesidad de crear un entorno de seguridad jurídica estable y evitar la sobre aplicación y la sobrerregulación. “Es necesario trabajar en la consolidación y el acceso a un Mercado Único Europeo y priorizar por la eliminación de las barreras regulatorias injustificadas. Sobre todo, las que afectan a la libertad de empresa en el comercio. Esto tiene que ir acompañado de una armonización de los criterios en la Unión Europea para evitar que normativas nacionales fragmenten el funcionamiento del mercado único, así como de medidas para abordar las restricciones territoriales de suministro”, recoge el Manifiesto. Entre las normas que más preocupan por su impacto en la competitividad comercial destacan el Reglamento de la Lucha contra la Morosidad y la revisión de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria.
La quinta y última parte se refiere a “La sostenibilidad medioambiental y social” y advierte sobre las 600 normas delegadas en este ámbito que la próxima legislatura europea tendrá que abordar. Especialmente importante resulta analizar el impacto de las normativas sobre la gestión de residuos y residuos de envases, las normas de sostenibilidad ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza), la taxonomía europea (CSRD -Deforestación, Diligencia Debida y Trabajos Forzosos) y los Sistemas Alimentarios Sostenibles.
