José Miguel Herrero pone en valor la obligación de establecer contratos por escrito
Explica las diferentes actuaciones emprendidas por AICA, tanto las derivadas de denuncias presentadas como las actuaciones de oficio.
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El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, ha subrayado la importancia que tiene la obligación de establecer contratos por escrito con los productores, con precio determinado, para mejorar las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria.
José Miguel Herrero ha participado hoy en una jornada sobre la Ley de medidas para mejorar la Cadena Alimentaria, organizada en Tordesillas (Valladolid) por la Asociación de Operadores de Patata de Origen de Castilla y León (ASOPCYL), donde aclaraba que esta norma establece la obligación de establecer contratos para operaciones superiores a 2.500 euros, cuando una de las partes es productor o PYME y la otra no. También ha explicado que la ley establece la exigencia de cumplir con los plazos de pago.
Durante la jornada, a la que han asistido más de 50 empresas de este sector, Herrero ha explicado las diferentes actuaciones emprendidas por AICA, tanto las derivadas de las denuncias presentadas como las actuaciones realizadas de oficio.
En el caso concreto del plan de control específico de frutas y hortalizas, Herrero ha señalado que se han realizado 1.800 inspecciones de oficio, que incluyen la patata. En este sector, la mayor parte de las inspecciones se han realizado en Castilla y León.
A este respecto, Herrero ha asegurado que AICA está investigando las denuncias y, en el caso de que se verifique un incumplimiento, se iniciará un expediente sancionador. En este sentido, el director de AICA ha reiterado que “el incumplimiento de la Ley no va a salir gratis”.
También ha comentado el interés del sector en colaborar con AICA y con el Ministerio de Agricultura para cumplir la Ley.
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA)
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en lo que respecta a las relaciones comerciales, esto es, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario.
