En principio, estaba previsto que el Reglamento 2018/48 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, cuya redacción final fue fruto de tres años de intensos trabajos, se aplicara a partir de enero de 2021.
Europa se ha puesto como objetivo que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica en 2030 y que aumente el consumo de productos orgánicos, no porque los convencionales no sean seguros, sino porque son «la opción más saludable» y atienden a las demandas de calidad y bienestar animal que reclama el consumidor.
Así lo exponía el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuando a finales de marzo pasado presentaba el nuevo Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, otro documento que, aunque no es jurídicamente vinculante, también rema en la misma dirección.
El «padre» de ese Plan de Acción, el español Diego Canga -consejero principal de la Dirección General de Agricultura (DG Agri), de la Comisión Europea-, ha explicado a Efeagro que el documento pretende dar un «impulso nuevo -con el objetivo cuantificado del 25 %»- para aumentar las superficies ecológicas en Europa.
Canga ha destacado tres aspectos del nuevo marco legal que entra este sábado 1 en vigor: «El modelo de agricultura ecológica se uniformiza, da estabilidad al sector durante muchos años y permite certificaciones de grupo», lo que abaratará costes a los pequeños agricultores y ganaderos ecológicos.
Ya no hay, por tanto, una producción bio a la carta en cada Estado miembro (según las excepciones y derogaciones que haya adoptado cada país) y una granja ecológica de gallinas en Galicia y otra en Polonia se regirán por los mismos criterios; a su juicio, la estabilidad normativa de larga duración propiciará que más productores se adhieran a la actividad.
ESPAÑA, LÍDER EUROPEO EN HECTÁREAS ECOLÓGICAS
El papel de España en el negocio ecológico es valioso, ya que es el país comunitario con más superficie ecológica (2,44 millones de hectáreas en 2020, un 3,52 % más que en 2019), según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que en su último análisis del sector le augura un futuro prometedor.
Sin embargo, el «punto débil» de España, como ha advertido Canga, es «el consumo», «muy por debajo del de la media europea», pese que el año pasado, cuando comenzó la crisis de la covid, creció un 6,10 %, hasta los 53,41 euros per cápita.
El consejero principal de la DG Agri ha recomendado que las autoridades locales, regionales y estatales alienten la «contratación pública verde» para que, al igual que en otros países comunitarios, los hospitales, cuarteles militares y de policía y universidades sirvan, por ejemplo, un día por semana un menú eco.
También ha sugerido que España aproveche más el conocimiento que hay en Europa del logo de la hoja verde -que diferencia a un alimento ecológico de uno convencional-, ya que son muchos millones los turistas que visitan el país a lo largo del año y buscan productos con este distintivo en los supermercados.
El aumento del consumo de alimentos ecológicos, en su opinión, se traduciría en una bajada de precios (ahora son más caros que los de los convencionales) y respondería a la sostenibilidad que cada vez demandan más ciudadanos en relación a las condiciones de producción de los productos que adquieren.
Fuentes del MAPA han resaltado a Efeagro que la entrada en vigor del nuevo reglamento y de este nuevo marco legal, además de armonizar el modelo de producción en toda la Unión Europea, mejorará la competencia entre los productos europeos y los de terceros países, y ayudará a prevenir la posibilidad de fraude.
Han subrayado que, con su aplicación, se incorporan en su ámbito nuevos productos -sal, algodón, aceites esenciales y corcho, entre otros-, además de nuevos materiales de reproducción.
Según han remarcado, pese a no haber un mandato legal para tener que hacer la «hoja de ruta nacional» tras la publicación del Plan de Acción Europeo, el ministerio junto con el sector ya está trabajando en ella y prevé que «esté en marcha a lo largo de 2022».
Desde Ecovalia, una de las principales organizaciones del sector ecológico español, su presidente, Álvaro Barrera, ha expresado sus reservas sobre el nuevo reglamento, «que el sector ni lo ha pedido ni esta preparado para este nuevo cambio», porque considera puede ser «un gran peligro» para la actividad.
«Hay el riesgo de la banalización, que va a venir, precisamente, por la falta de criterio, unidad y coordinación por parte del MAPA con las comunidades autónomas», ha afirmado, tras plantear que «existen grandes agravios comparativos según la región».
(Texto: Angélica Quintana / Efeagro)
