El asunto se ha tratado en un Consejo de ministros europeos de Agricultura, a partir de un informe del Ejecutivo comunitario que plantea crear un fondo que cuente con 350.000 euros al año, según las primeras estimaciones, para coordinar las acciones nacionales que cada Estado toma en la materia.
García Tejerina dijo a la prensa a su llegada a la reunión que «España da una enorme importancia a la situación de los productos fitosanitarios», que son necesarios para mejorar la competitividad de los agricultores.
Recordó que el Gobierno ha hecho «un esfuerzo» para solucionar la situación que encontró al llegar al poder, cuando «había más de 1.700 expedientes de productos fitosanitarios sin registrar», y que para poner al día el registro ha invertido más de 9 millones de euros.
El problema de esos productos, en el caso de los usos menores (es decir, los relativos a pequeños cultivos o que afectan a plagas menos comunes), es que «no existe un interés comercial» de los fabricantes en desarrollarlos, indicó la ministra.
Por ello, consideró «de mucha importancia» la creación del fondo que propone la CE, «porque nos ayudará a terminar este trabajo que estamos haciendo para que los sectores tengan medios para combatir y mejorar la salud de sus producciones».
A día de hoy estos químicos están sujetos a una estricta regulación para garantizar que su uso sobre los cultivos no genere riesgos para la salud, lo que obliga a que pasen un proceso de autorización largo, complicado y costoso.
Este trámite con frecuencia no resulta rentable para comercializar un fitosanitario que vaya a usarse sólo en cultivos menores, por lo que éstos gozan de menos protección.
El problema afecta especialmente a los países del sur de Europa, entre ellos España, donde hay mayor diversidad de cultivos y también de patógenos que puedan afectarles.
Estas plantaciones generan 70.000 millones de euros al año, un 22 % del valor total de la producción vegetal, pero las dificultades para luchar contra las plagas hacen que se pierdan 1.000 millones de euros anuales, según la CE.
Para evitarlo, Bruselas propone crear un fondo para coordinar las acciones nacionales que cada Estado toma en la materia (como extender los productos autorizados en un país automáticamente a otro, por ejemplo) para mejorar sus defensas y reducir costes.
