ASAJA Alicante pone de relieve que la escasez de sandía en los supermercados se debe principalmente a la incertidumbre generada por la falta de agua para riego en las zonas del Trasvase Tajo-Segura tras el recorte del mismo mediante el aumento de caudales ecológicos sin justificación técnica aprobado en el Boletín Oficial del Estado en febrero, así como por las continuas decisiones del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de enviar menos hectómetros cúbicos del límite mensual permitido, como ha ocurrido en junio.
La organización agraria explica que “los productores no pueden plantar si no tienen la certeza de que podrán regar sus cultivos ni de cuál será la calidad del agua de la que dispondrán”. La falta de una gestión hídrica estable por parte de las Administraciones ha llevado a muchos agricultores a abandonar la cosecha por miedo a no disponer del recurso más necesario, el agua, y las pocas sandías que se han plantado se han perdido por la alteración de la floración debido al extremo calor de abril y las fuertes lluvias de mayo en nuestra provincia.
Como consecuencia de ello, son muchos los supermercados que no están pudiendo comercializar una de las frutas más emblemáticas del verano, la sandía, que en nuestra provincia se cultiva mayoritariamente en zonas de riego del Trasvase Tajo-Segura, sobre todo en la Vega Baja y Elche. Además, ASAJA Alicante añade que en los pocos sitios donde puede encontrarse esta fruta su cotización es muy alta, rondando los 2 euros/kg, mientras que el agricultor sigue percibiendo en origen precios muy bajos que no le permiten cubrir los altos costes de producción.
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu denuncia que “es injusto que durante todo el otoño, invierno y primavera no falten sandías y melones procedentes de Brasil o Senegal en las superficies más importantes de la Comunidad Valenciana, pero que al llegar el verano no haya sandías de aquí, de nuestra Comunidad, de Alicante, porque el Gobierno le quitó el agua a los agricultores”. Además, asegura que las sandías cultivadas en este territorio son las mejores, las más sabrosas y las más baratas.
Andreu afirma que “volverán las sandías a los supermercados cuando lleguen las de Castilla-La Mancha, donde se puede cultivar sin límites y sin el gran problema y desidia política que estamos teniendo en Alicante, Murcia y Almería con el trasvase Tajo-Segura y la ineficaz gestión del agua”.
La entidad alicantina recuerda que el año pasado, en esta época, se vendían sandías por 0,7 €/kg, mientras que por una decisión arbitraria del MITECO, respaldado por el Gobierno de Pedro Sánchez, hoy nos enfrentamos a una situación de carestía de esta fruta, y las pocas que hay se tienen que pagar el doble que el año pasado, a precio de oro”.
“Durante la pandemia, los agricultores nos esforzamos hasta la extenuación para que no faltara de nada los supermercados. Y lo conseguimos. En el momento más difícil del país, lo hicimos posible y no faltó de nada”, remarca el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa. Esto demuestra que hasta en ocasiones críticas el sector primario es capaz de resistir, pero que si los dirigentes políticos se empeñan en entorpecer y poner trabas a su desarrollo, esta escasez de la fruta más deseada del verano “es solo el principio de las consecuencias de la ruina en el sector de frutas y hortalizas en fresco a la que nos está conduciendo la ministra Teresa Ribera”.
ASAJA Alicante sostiene que, si no cambia la política hídrica de nuestro país, la falta de sandía de este verano será solo el principio de una cadena de desabastecimiento en los supermercados y del incremento del coste de la alimentación básica. “Agua en este país hay suficiente para atender todas las necesidades, lo único que hay que hacer es administrarla bien”, defiende el presidente de la asociación.
A la vista de la última reducción mensual de carácter arbitrario que ha anunciado el Ministerio de Transición Ecológica, por debajo de lo que autoriza la normativa, ASAJA Alicante pone de manifiesto que nuestra provincia está siendo la más castigada, pues las últimas decisiones del Gobierno “condenan a más de 30.000 hectáreas y 25.000 agricultores alicantinos sin agua del trasvase ni de la desaladora”.
