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El sector reclama que se agilice la Ley de Cadena Alimentaria

UPA Andalucía solicita un aumento de competencias de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y medidas para frenar las prácticas comerciales abusivas por parte de industria, distribución y comercialización.

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Durante las semanas previas a la crisis sanitaria del coronavirus, los agricultores organizaban ya una serie de protestas y tractoradas por toda España con el lema “agricultores al límite”. Con estas reivindicaciones se pretendía impulsar unos precios justos y un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria, entre otras, para lograr un mejor futuro para agricultores y ganaderos. Pese al protagonismo que están cobrando los trabajadores del campo durante covid-19, en muchos casos se sigue vendiendo por debajo de los costes de producción. 

Como decíamos, las protestas tuvieron que paralizarse con el Estado de Alarma, pero ya habían conseguido por fin que se modificase la Ley de Cadena Alimentaria, en vigor desde 2011, pero que, a posteriori, no estaba sirviendo para acabar con los desequilibrios en el sector, ni frenar las prácticas comerciales abusivas por parte de industria, distribución y comercialización. 

Estas situaciones oligopolísticas y de indefensión de agricultores la vemos, por ejemplo, en el sector olivarero. A pesar de que el consumo nacional de aceite de oliva se ha incrementado, los productores siguen percibiendo los mismos precios muy por debajo del coste de producción mientras otros eslabones siguen especulando y lucrándose a su costa. 

De esta forma se percibe como innegable la necesidad de mejorar las relaciones entre todos los elementos de la cadena para que esta interdependencia sea lo más justa posible. 

Ya se han cumplido dos meses de las modificaciones de la Ley de Cadena Alimentaria pero desde UPA Andalucía estiman necesario dar continuidad a su desarrollo para que se puedan plantear más cambios, y así asegurar una rentabilidad adecuada al sector productor y mayor certidumbre de cara a un futuro próximo.

En este momento la ley se encuentra todavía en fase de trámite, abierta para que los grupos parlamentarios realicen las alegaciones y solicitudes oportunas para su mejora y enriquecimiento. Por tanto, desde la organización agraria han trasladado a la Consejería de Agricultura, encargada de aglutinar las peticiones de modificación andaluzas al Gobierno central, que bajo ningún concepto se paralice ni se retrase su aplicación, pues se trata de una gran oportunidad para el sector agrario, y determinante para su futuro. 

Algunos de los aspectos esenciales que recoge la Ley de cadena alimentaria son el establecimiento de unos precios mínimos ligados a los costes de producción, así como la prohibición de la venta a pérdidas, fundamentales para el reequilibrio de los eslabones de la cadena agroalimentaria y beneficio de todo el sector primario.

Paralelamente a la tramitación parlamentaria de esta ley, se encuentra en información pública la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. En el proceso de asimilar esta directiva a la legislación, dentro de las modificaciones que reclama UPA Andalucía, está la necesidad de incorporar algunas cuestiones importantes como los contratos con el canal HORECA o reforzar el papel del mediador en los contratos agroalimentarios para favorecer la transparencia a lo largo de la cadena.

De la misma forma, también consideran que se deben ampliar las competencias de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, además de las de promoción e investigación, otorgándoles competencias de autorregulación a través de extensión de norma con condiciones de obligado cumplimiento para todo el sector, con el fin de gestionar excedentes, programar y limitar producciones, etc. 

Otro aspecto que UPA Andalucía considera a mejorar en la redacción de la norma es en lo referente al etiquetado. Defienden que en la etiqueta tiene que ser obligatorio indicar claramente el origen de los productos, diferenciándolos de países de la UE y otros países extracomunitarios, con sus respectivos porcentajes. Además, exponen necesario incorporar en la etiqueta el marcado CE para productos cuyo origen, manipulación, transformación y distribución hayan sido llevados a cabo conforme a las normas y estándares de la Unión Europea. Esta distinción potenciaría el consumo nacional, favoreciendo finalmente a agricultores y ganaderos de nuestro país. 

Para la aplicación correcta de la Ley de Cadena Alimentaria y la trasposición de la Directiva de Prácticas comerciales Desleales, se hace imprescindible, también, reforzar el observatorio de precios. En la actualidad, existen distintos observatorios oficiales, tanto del Ministerio de Agricultura como de algunas CC. AA. Según la organización, estos deberían ser coordinados y potenciados, dotándolos de mayor importancia. También habría que otorgarles la supervisión de costes de producción, ya que esta referencia es la que más afecta al sector agrario a la hora de determinar la rentabilidad de las explotaciones.

Por último, concluyen desde UPA que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) debe tener un papel aún más activo, si cabe, en la aplicación de la ley y de la directiva. Este organismo debe seguir vigilando las relaciones comerciales de la cadena y velando por que se cumpla la ley, realizando una labor más exhaustiva marcando directrices, actuaciones y protocolos de interpretación, y dando publicidad a las sanciones. 

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