COAG estima una subida de costes interanual del 30% en este momento

Después de haber demostrado el carácter estratégico de la agricultura y su condición de esenciales para la sociedad con motivo de la pandemia COVID-19, los hombres y mujeres del campo se han encontrado un año muy difícil 2021.  El gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. En gran parte de los sectores de producción, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%, según datos del MAPA.

“Según los cálculos de COAG, el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año.  Esto es muy preocupante para  las expectativas del 2022 porque  pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones.  Es uno de los principales motivos que justifican la convocatoria de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias en unidad de acción y el lanzamiento de un SOS rural” ha señalado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

“Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores. Todo ello está afectando ya al tejido productivo y prevemos que si no se soluciona, puede haber recortes en la producción en 2022.  Por último, señalar que la normativa obliga a los compradores a pagar los productos por encima del coste de producción, por lo que estaríamos asistiendo a prácticas fuera de la legalidad”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

Este mes de diciembre, las organizaciones agrarias han decido dar luz verde a un nuevo proceso de movilizaciones, saliendo de nuevo a las calles y carreteras, que se está llevando a cabo en toda España en protesta por la situación de grave crisis de rentabilidad que está ahogando a los hombres y mujeres del campo y ante los graves ataques de que son objeto. Estas protestas, que seguirán en 2022 en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19.

En la otra parte de la balanza, COAG ha valorado de manera positiva la aprobación de la Ley 16/2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dado que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse mejoras importantes en las principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.  Se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón, se crea un registro digital de contratos, se incluye en parte el canal HORECA, se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena.  COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal, partiendo desde los agricultores que deben cobrar un precio que cubra los costes de producción.

COAG plantea que para que sea efectiva esta Ley, es necesario un mayor control en su aplicación y su completo despliegue, tanto por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios,  como por los órganos de control de las Comunidades Autónomas, potenciando las inspecciones de oficio sobre todo en los contratos, en que los precios cubran los costes de producción en toda la cadena, comenzando por el primer eslabón de la producción y frente a otras prácticas prohibidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso.  Además, se necesita la actualización y agilización de los estudios de cadena de valor tanto por parte del observatorio de la cadena, así como por parte de las CCAA.

También valoramos de forma muy positiva el acuerdo adoptado entre Bruselas y EEUU para suspender durante un periodo de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto por los subsidios entre Airbus y Boeing. El pacto alcanzado pone fin a una disputa con graves repercusiones a los sectores afectados, entre ellos, aceituna de mesa, vino, queso y aceite.  Lamentablemente, queda pendiente el Veto Ruso, que sigue afectando a nuestro sector de frutas y hortalizas.

En cuanto a la Reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, COAG considera que no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones  del campo español y europeo. La nueva arquitectura verde, si bien desde COAG defendemos la sostenibilidad ambiental unida a la  económica y social, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.

El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante para nosotros, España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país.  La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola.  En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.

Por último, señalar la difícil situación que atraviesa el seguro agrario. Teniendo en cuenta que  cada vez son más numerosas las adversidades climáticas (intensas sequías, golpes de calor, pedriscos, DANAS o la irrupción de nuevas plagas y enfermedades) que  están incrementando su impacto en la agricultura y la ganadería, y en definitiva la vulnerabilidad del sector agrario, con un coste que difícilmente se puede asumir individualmente por cada agricultor o ganadero, así como numerosas líneas y zonas que son imposibles asegurar. El Seguro Agrario en España debe tener con urgencia un replanteamiento integral en todos sus aspectos para responder a las nuevas exigencias y necesidades que tiene el sector agrario.

El paulatino aumento de la siniestralidad se ha traducido en un aumento de primas y un empeoramiento de las condiciones del seguro, sobre todo con mayores franquicias. Este aumento de las primas se ha producido en un contexto de descenso de las subvenciones a partir de 2012, lo que ha incrementado el coste del seguro de una forma importante. El seguro puede llegar a representar en algunos sectores más de un 15% de los costes de explotación en sectores con alta volatilidad y crisis de precios recurrentes. Esta situación lo aleja del alcance del agricultor profesional, y a la vez expulsa a los agricultores con menos riesgos, empeorando aún más la situación del seguro por la propia antiselección (sólo asegura quien más riesgo tiene por su alto coste).