No vale buscar soluciones sencillas a problemas complejos

En esta semana en la que se ha aprobado (por fin y con retraso) la ley de la cadena, vuelven a difundirse “noticias” como que la naranja cuesta 14 veces más al consumidor que al productor. La deducción es clara: “Alguien está robando al agricultor, al consumidor o a los dos al mismo tiempo. Busquemos a estos malvados y habremos arreglado tanto el problema de la renta de los agricultores como el del poder adquisitivo de los consumidores. Y si no se ha hecho hasta ahora, es porque nuestros políticos son todos unos inútiles y/o unos corruptos.” Otros me dicen que “los agricultores son tontos y/o vagos. ¿Si hay tanto dinero en juego al alcance de la mano, por qué no se ponen ellos a vendernos directamente los productos?”

Mi formulación puede parecer exagerada a primera vista, pero es lo que me transmiten cuando hablo con ellos muchos ciudadanos de a pie que saben mucho de lo suyo y están irritados tras casi dos años ya de pandemia.

Fuente: https://www.efeagro.com/noticia/el-precio-de-la-naranja-se-multiplica-por-14-del-campo-a-la-mesa/

Desde el punto de vista comercial, no es el mismo producto una naranja en árbol que una bolsa de naranja, calibrada y encerrada, presentada en el supermercado de una zona urbana. Se le han realizado manipulaciones (colecta, selección, encerrado, embolsado) y agregados servicios (almacenamiento y distribución) que tienen su valor. Por esto, los estudios de costes de la cadena son, aunque difíciles, importantes. Yo recuerdo los que hacía cuando yo era estudiante el IRESCO, que me ayudaron mucho a entender cómo funciona la cadena alimentaria.

¿Quién podría ser el ladrón que nos roba? Dos candidatos enseguida vienen a la mente de muchos: el malvado distribuidor y el pecaminoso intermediario.

En nuestro país, si algo caracteriza a nuestra distribución es una feroz competencia. En mi barrio, por ejemplo, tengo a menos de 5 minutos andando las tiendas Día, Aldi, Ahorramas, Alcampo, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour y varios pequeños franquiciados.  Si uno de ellos, intentando engañar al consumidor, se fuera de precio, enseguida cae su cuota de mercado. El problema es más bien el contrario, la presión a la baja de los precios que se ejerce sobre los anteriores actores de la cadena.

Estos actores intentan, también y lógicamente, cobrar el precio de sus servicios hasta llegar al agricultor, que debe apañarse con lo que le queda. El problema de la cadena alimentaria, el reto de la nueva ley que se acaba de aprobar, es construir una cadena creadora de valor y su reparto entre todos sus actores.

La ley es bienvenida, la vigilancia de las autoridades públicas es necesaria, las multas también lo son, pero todo ello no basta para arreglar el problema.  Hace falta una cadena tensionada en búsqueda de la máxima eficiencia posible y una producción suficientemente organizada, capaz de crear valor, de añadir servicios al producto primario y de negociar con fuerza suficiente con los restantes agentes.

Los agricultores (en general) ni son tontos no son vagos. Haberlos los habrá como en cualquier grupo humano pero globalmente han demostrado una capacidad de adaptación ingente a un mundo y una legislación cambiante. La última prueba que nos dieron ha sido su capacidad de respuesta a la crisis del COVID para asegurar, junto con todos los demás actores de la cadena alimentaria, el suministro de nuestras ciudades.

Lo que pasa es que cambiar las cosas no es sencillo, sobre todo cuando pasa por cambios de mentalidad. Todo empieza por un diagnóstico correcto del problema, y a esto quiere contribuir esta entradilla. Luego la formación, la investigación y extensión, las ayudas públicas, son necesarias para promover y acompañar un cambio en el que los actores principales, los únicos realmente indispensables, son los actores de la cadena en general, y los agricultores en particular.