Balance y retos de la reglamentación comunitaria en El Forum VEGETABLES 2016 mira al porvenir
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Cada año, la revista francesa especializada VEGETABLES[1] organiza un foro de encuentro, el FORUM VEGETABLES[2], este año para “superar un diagnostico inquietante mirando a los retos del mañana y explorar prometedoras vías para sentar las bases de un relanzamiento”. Tendremos ocasión en este mismo blog de informar más en detalle de esta jornada del 6 de abril 2016.
Los organizadores me han pedido que haga un (rápido) recorrido histórico de la evolución de la reglamentación comunitaria para el mercado de las frutas y hortalizas y plantee algunas iniciativas posibles, y a mi juicio necesarias, para el futuro.
Desde sus inicios, la OCM de frutas y hortalizas le ha dado gran importancia a las organizaciones de productores. Hasta el año 1996, su principal función era la de ser el brazo armado de la Comisión para intervenir en los mercados. Se podría resumir esta primera etapa en la frase siguiente: “Cuanto más incompetente comercial eras, mayor apoyo público recibías”. Esta situación llevó a que ciertos productores se especializaron en producir mucho y barato para la retirada.
La nueva OCM, desde 1996, le da completamente la vuelta a la tortilla. Se estructura en torno a dos grandes ideas: la primera es “cuanto más competente seas, más apoyo público para invertir en organización y futuro”; la segunda es “1 € público por cada € privado” o, en otras palabras, ayúdate que la Unión Europea te ayudará.
Dos gráficos expresan claramente el éxito de esta nueva orientación.
El primero nos muestra la evolución de las distintas partidas de gasto entre el año 1996 y el año 2004. Cae estrepitosamente el gasto público en retiradas y restituciones a la exportación y suben considerablemente los fondos operativos de las organizaciones de productores.
El segundo gráfico muestra la evolución total del gasto comunitario, siempre al alza, para fondos operativos entre el 2004 y el 2010.
Pero esta evolución, que me atrevería a calificar globalmente de positiva, presenta no solo luces sino también sombras.
Un tercer gráfico lo sintetiza bastante adecuadamente. El nivel de organización alcanzado, aunque tendencialmente (moderadamente) al alza, es muy desigual entre los distintos Estados miembros de la Unión.
Se ha avanzado mucho en la armonización de los Límites Máximos de residuos (LMR): Pero sigue habiendo dificultades en el seno de la Unión, en lo referente a la lista de sustancias autorizadas que pueden divergir entre países. En efecto, los gobiernos nacionales pueden ser, y algunos lo son como el francés, más exigentes con sus productores que lo exigido por la reglamentación europea.
Otro tema sensible es el de las diferencias en las reglas sociales y los salarios existentes en los distintos Estados miembros de la Unión, sobre todo cuando la diferencia salarial no va unida a una diferencia pareja de productividad. El tema no es nuevo. Durante años, España fue acusada de “dumping social” por algún vecino; hoy algunos españoles dicen lo mismo de Marruecos; muchos hablan de las condiciones laborales en Polonia y de las reglas sociales aplicables en Alemania a los temporeros. De hecho, resulta curioso ver como el cultivo del espárrago ha retrocedido en España bajo la competencia peruana y china mientras que en Alemania la evolución ha sido totalmente diferente.
Si nos centramos en la propia reglamentación, es evidente que puede haber campo para una simplificación. Esta no debería ser esencialmente reglamentaria sino en su aplicación. Me explico.
Todas las autoridades de gestión están atemorizadas por las posibles inspecciones comunitarias, que se realizan varios años después de que el gasto haya sido autorizado y realizado. Los inspectores, concederos de las distintas prácticas en los distintos estados miembros, aplican sus reglas y conocimientos de hoy con efecto retroactivo a hechos que acontecieron hace años, a veces incluso 5 años.
Esto es una auténtica espada de Damocles ya que estas visitas pueden ir seguidas de correcciones financieras que pueden ser cuantiosas. Por lo tanto, las autoridades de gestión, escarmentadas, suelen siempre tender a las interpretaciones más seguras, algo más restrictivas y complicadas. Temas como el de los envases o la externalización son buenos ejemplos de cuanto digo.
La solución no puede ser otra que la aplicación an cada momento de las interpretaciones en vigor en el momento en que se ha autorizado y realizado el gasto. Si la experiencia revela que es necesario afinar la reglamentación o la interpretación, los cambios deben aplicarse a partir del momento en que están acordados y comunicados, no con efecto retroactivo.
Para terminar este campo de las propuestas, hay que clarificar de una vez para todas cuales son las funciones que pueden desempeñar con toda tranquilidad las Ops y AOPs sin temer a las autoridades de la competencia. En particular, debe clarificarse lo que se entiende por “ajustar en cantidad y calidad la oferta a la demanda”. Se puede dejar la tarea de esta clarificación a la Corte de justicia pero a quien realmente le corresponde es al legislador, ahora el consejo y el Parlamento Europeo.
Bien Tomás, unas pinceladas sobre la OCM FRUTAS Y HORTALIZAS. En pocas palabras has planteado grandes inquietudes que están por resolver. Mi conclusión, se han conseguido los objetivos planteados en 1996, pues no. Para ello, sería interesante realizar un estudio por subsector, comprobando la evolución del grado de asociación obtenido en los últimos 20 años. Nos llevaríamos algunas sorpresas.