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“Los agricultores deben unirse para negociar precios justos”

Entrevista a Elena Víboras, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

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El sector hortofrutícola reclama mayor apoyo institucional, dado que es estratégico para la economía andaluza y española. ¿Qué prioridades se marca su gabinete?
Uno de los objetivos que nos hemos marcado es reforzar algunos aspectos que consideramos prioritarios como la formación y el asesoramiento, tanto en el campo como en las industrias. De esta forma, contaremos con unos profesionales mejor preparados para el mercado y capaces de aplicar las mejores técnicas disponibles. De igual forma, estamos convencidos de que hay que seguir apostando por la modernización de las explotaciones y de las industrias para contribuir a que sean más eficientes y competitivas; favorecer la integración cooperativa para que los productos alcancen unos precios justos, para ganar influencia en los mercados, mejorar y profesionalizar la gestión, adquirir una mejor posición en la cadena de valor y aumentar nuestra capacidad de innovación con nuevas variedades, formatos e, incluso, con nuevas estrategias comerciales; la calidad, el sabor y la sostenibilidad como elementos difererenciadores.
Asimismo, hay que continuar en la línea de la internacionalización para poder competir en un mundo cada vez más globalizado. Por otra parte, ante situaciones de crisis, es importante que los
agricultores se unan para poder negociar mejores condiciones y conseguir unos precios más justos para nuestros productos. De esta forma, también se pueden negociar acuerdos a largo plazo con
la distribución para garantizar la rentabilidad a todos los eslabones de la cadena de valor.
Sólo si trabajamos juntos en esa dirección ganaremos todos.

Uno de los temas que más preocupan al sector hortofrutícola es la reciente aprobación de los nuevos precios de entrada de los productos de Países Terceros, en especial del tomate. ¿Sugieren algunas medidas al respecto?

Desde Andalucía consideramos que hay que exigir con firmeza el respeto a los acuerdos y que el sistema de cálculo de los derechos de aduana funcione de manera eficaz y de acuerdo con la
normativa. Asimismo, sería necesario conocer el nuevo sistema de cálculo, pues se desconoce el detalle con el que se aplicará.

Más de 90 centros públicos y privados andaluces están trabajando e investigando en los productos hortofrutícolas. ¿En qué medida colabora la Junta de Andalucía en el fomento del I+D+i?
La I+D+i es lo que nos permite sembrar la rentabilidad y el progreso del futuro; por ello es una de las principales prioridades de la Junta de Andalucía. En la Consejería contamos con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), con centros en cada una de las provincias andaluzas, algunos de ellos muy activos en el ámbito de las frutas y las hortalizas, como
es el caso del centro Ifapa de La Mojonera en Almería. Asimismo, participamos en la investigación que se desarrolla en los parques científicos-tecnológicos como el PITA de
Almería. No debemos olvidar que una de las prioridades de la nueva PAC es la innovacción. De hecho, para acelerar la transferencia de conocimiento, la CE ha creado la Asociación Europea de Innovación (EIP), que busca mejorar la productividad y sostenibidad de la agricultura.

La nueva PAC supone una pérdida para Andalucía de casi 600 millones de euros anuales en el próximo marco 2015-2020. ¿Cómo piensan subsanar este injusto reparto?
En las ayudas directas no se han considerado nuestras peticiones de asignar ayudas acopladas a cultivos con dificultades como el olivar en pendiente o la uva pasa, aunque pelearemos para que en la revisión que hay que hacer en 2016 se puedan incluir. Y en desarrollo rural, somos la única comunidad que va a recibir menos fondos que en el anterior marco, 211 millones de euros. En el Programa de Desarrollo Rural que hemos diseñado para Andalucía están reflejadas nuestras prioridades, entre ellas apoyar a los sectores estratégicos y a quienes más lo necesitan.

La AICA ya ha iniciado el Plan de Control para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y trasladará las infracciones a la autoridad competente, ¿cómo van a contribuir al desarrollo de la nueva Ley?
Desde la Consejería, entendemos que la Ley de la Cadena Alimentaria no necesita desarrollo normativo. En lo que se refiere a la puesta en funcionamiento del sistema de control de la Agencia de Información y Control Alimentarias, en el ámbito de las competencias que la Ley le asigna, se actuará de la misma forma que en el resto de sistemas en los que se producen cicunstancias similares. Es decir, si en el ámbito de las actuaciones de este plan de controles se detectasen infracciones que deben ser corregidas y sancionadas por la Junta de Andalucía, se acometerán las mismas empleando para ello las actas generadas por los inspectores de la AICA. Asimismo, desde  la Consejería se remitirán a la AICA aquellas infracciones que se detecten por nuestros servicios de control oficial
y que sean competencia de la Administración Central.

¿El Gobierno andaluz está tomando medidas de apoyo para paliar los efectos del veto ruso?
Dada la dimensión del veto, que afecta a toda Europa y no sólo a nuestra región, es la CE quien debe tomar las medidas de compensación y el MAGRAMA quien
intercede por los andaluces ante Bruselas. Por ese motivo, la Consejería se ha mantenido en contacto permanente con las organizaciones agrarias y se ha reunido con los
representantes del Gobierno central para analizar el avance de la situación.
Además, seguimos muy de cerca el debate europeo sobre la cuestión, ya que este semestre le corresponde a Andalucía la representación de las comunidades autónomas en los consejos europeos. En este sentido, hemos reivindicado respuestas contundentes, tanto por parte de la UE como del Ministerio. Además de estas reivindicaciones, con las que continuaremos hasta estar seguros de que ningún productor afectado, directa o indirectamente, se quede sin acceso a las compensaciones que le corresponden, también hemos trabajado todo lo que hemos podido en el marco de nuestras competencias. De hecho, Andalucía y Aragón hemos sido las dos primeras Comunidades Autónomas en publicar la instrucción que informa a los productores de nectarinas y melocotones de cómo retirar los productos afectados y acogerse a las compensaciones europeas.

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