Con la Ley de la Cadena Alimentaria se ofrece seguridad jurídica

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) es una entidad aún desconocida para el sector. ¿Nos podría detallar cuál es su funcionalidad?
Efectivamente, aún no se conoce bien AICA. Nació en enero de 2014, con la entrada en vigor de la Ley de la Cadena para vigilar las operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentación y bebidas, y los distribuidores del sector agroalimentario, y contribuir así al logro del objetivo de la Ley, es decir, evitar los desequilibrios en las relaciones comerciales. Por tanto, la finalidad es la de controlar los derechos y obligaciones establecidos en la Ley, iniciando e instruyendo expedientes sancionadores si se detectan incumplimientos. Puede actuar por dos vías: Por denuncias presentadas y por oficio a través través de indicios de irregularidades. Todas las actuaciones se incluyen en un Plan de Control, que establece los criterios de inspección y los protocolos de actuación en función de las necesidades que existan en cada momento. Para que AICA pueda proceder con la máxima agilidad y eficacia, es imprescindible disponer de información que permita actuar de oficio si existen indicios de infracción. En este aspecto quisiera incidir especialmente, dado que AICA está para velar por los intereses de todos los que intervienen en la cadena y tiene las puertas abiertas a la participación. Un aspecto que debo señalar es que se garantiza la confidencialidad en el tratamiento y gestión de la información. Por todo ello, y dada la importancia y relevancia que tiene para todo el sector agroalimentairo, estamos desarrollando intensas acciones de divulgación para explicar qué somos, qué hacemos y cómo actuamos. Es de especial interés que se conozca, ya que con la nueva Ley han cambiado las reglas de juego en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena. Pero es fundamental la colaboración de todos y me refiero a las asociaciones, entidades, organizaciones o instituciones que representan a todos los agentes de la cadena y a las propias administraciones públicas.

Ha mencionado usted que las reglas de juego han cambiado, ¿en qué sentido?
La Ley se hizo con el objetivo de evitar los desequilibrios que se estaban produciendo en las operaciones comerciales en la cadena alimentaria, donde algunos disponían de una posición dominante frente a otros, lo que provocaba abusos. Se elaboró con la participación de todos, es una Ley de todos, y está hecha para todos. Es pionera a nivel mundial y somos el único país en la Unión Europea que dispone de una legislación así, algo además recientemente recomendado por la Comisión Europea. Cuando digo que han cambiado las reglas de juego me refiero a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena, ya que se han introducido prohibiciones y obligaciones, que antes no había y ahora hay un organismo (AICA) que controla su cumplimiento y se pueden imponer sanciones por cometer infracciones. Se ofrece una garantía jurídica, estableciendo un regimen sancionador propio, que permite a las autoridades actuar si se cometen prácticas comerciales abusivas.

Una de las vías de actuación de AICA es la de oficio…
Efectivamente, es una de las facultades que tiene y además muy importante. Se trata de un aspecto a destacar, pues sabemos que denunciar no es fácil y que hay mucho miedo a posibles represalias. Por eso, actuará de oficio siempre que tenga indicios razonables de que se estén cometiendo infracciones a la Ley. Pero para esto, es imprescindible contar con información. En caso de que existan dichos indicios, comenzará primero una fase de investigación en la que podrá solicitar documentación, personarse en el establecimiento, tomar muestras, etc. Es importante decir que todos tienen el deber de colaborar con AICA facilitando la información requerida y en caso de no hacerlo, se incurre en una infracción tipificada en la Ley, que da origen a un expediente sancionador. Todas estas actuaciones se establecen en el Plan de Control que ya he mencionado.
Cuando AICA tenga sospechas razonables que permitan suponer una infracción a la Ley 12/2013, iniciará investigaciones en todos los puntos de la cadena alimentaria y en todos los sectores. Para que se comience a actuar, los indicios razonables deben estar plenamente acreditados, ser de naturaleza inequívocamente acusatoria y plurales, es decir, haber más de uno (o
siendo único que posea una singular potencia acreditativa) y además, que estén interrelacionados de modo que se refuercen entre sí.

A los productores de frutas y hortalizas lo que más les preocupa son las ventas a pérdidas. ¿Cómo puede AICA ayudar a resolver este problema?
La venta a pérdidas es una práctica prohibida por la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y la competencia sancionadora es de las Comunidades Autónomas. Son competentes aquellas en cuyo territorio se haya llevado a cabo la venta a pérdidas, es decir, la CCAA en la que físicamente se encuentra el establecimiento comercial en el que se ha llevado a cabo la venta. Cuando AICA recibe una denuncia de este tipo, es analizada y evaluada. Puede solicitar al denunciado cualquier información que considere relevante, como por ejemplo, ámbito territorial de la oferta, contratos, pago de los productos, etc. Finalizadas las indagaciones, se remitirán las actuaciones (si hay indicios de venta con pérdida) a las CCAA competentes para iniciar el expediente administrativo sancionador correspondiente. Para estas actuaciones, AICA ya se ha reunido con las Comunidades Autónomas y hay una colaboración total entre las distintas administraciones.

La distribución está llevando a cabo ya cambios en virtud de la nueva Ley. ¿Tienen constancia de movimientos por parte de los productores de frutas y hortalizas?
Somos conscientes de que se están cambiando muchas cosas y que los operadores se están ajustando a la ley. De eso se trata, sin duda. La Ley ha establecido un nuevo marco, y hay que adaptarse. Una de las cuestiones más novedosas es la obligación de hacer contratos por escrito, en los que debe incluirse el precio, indicando todos los pagos y descuentos, las condiciones de los mismos, de entrega de productos, etc. Y se prohíbe expresamente las modificaciones de dichos contratos, salvo que se hagan por acuerdo de las partes, y los pagos adicionales al precio pactado en el contrato. Estos aspectos, entre otros, afectan mucho al sector hortofrutícola, dado que en él estaba muy generalizado el uso de contratos verbales, y con esto, modificaciones de precios y problemas de plazos de pago. Con la nueva Ley, se da seguridad jurídica a los productores y se garantiza una operación comercial leal, que sin duda, beneficiará a todo el sector. Creo que los productores de frutas y hortalizas sí confían en este nuevo marco legal, simplemente ven complicado el cambio, pero ese cambio ya se está produciendo.