Aecoc pide al próximo Gobierno la puesta en valor de la distribución

Ante la proximidad de la cita electoral, AECOC, La Asociación que reúne a más de 33.000 compañías” quiere trasladar al Gobierno que salga de las urnas “una   cultura de respeto institucional que ponga en valor el papel de las empresas para el desarrollo económico del país y el bienestar social”.

La Asociación ha compartido con los diferentes partidos políticos un documento en el que remarca la necesidad de que el próximo Gobierno “active los mecanismos y las líneas de acción necesarias para incentivar el aumento del tejido empresarial y el crecimiento y buen gobierno de las ya existentes”, y recuerda que “las empresas son las principales generadoras de empleo y, por tanto, contribuyen de forma imprescindible al bienestar y cohesión de la sociedad”.

Con respecto, al sector del gran consumo, el documento recuerda que su cadena de valor “ha tenido un papel muy relevante para combatir la inestabilidad e incertidumbre de estos últimos años”, garantizando el suministro durante la pandemia y reduciendo sus márgenes “para no castigar más a los consumidores” en la mayor inflación de costes de las últimas décadas.

Para el fomento de la actividad empresarial, AECOC remarca la necesidad de que el próximo ejecutivo “vele por un marco normativo y una fiscalidad que no sean un freno a la competitividad de las empresas”. En este sentido, la Asociación reclama un modelo de competitividad administrativa, normativa y fiscal.

Entre las medidas de competitividad administrativa, AECOC propone “reducir la sobrecarga que generan los trámites administrativos que no aportan valor a la industria, a la distribución ni al consumidor final”. 

Desde la perspectiva de la competitividad normativa, la Asociación propone que las regulaciones vinculadas a directivas y reglamentos europeos “no incrementen los objetivos o requisitos fijados por la Unión Europea”; una armonización legislativa “que permita a las empresas operar en todo el Estado con unas mínimas reglas comunes y sin duplicidades que generen costes innecesarios”; y “normativas que faciliten la incorporación de herramientas tecnológicas basadas en estándares internacionales”. 

En cuanto a la competitividad fiscal, el documento plantea cuestiones como “minimizar las discrepancias territoriales derivadas de las políticas tributarias”, “no penalizar fiscalmente a las empresas con establecimientos físicos” y “basar la implantación de nuevos tributos en estudios y criterios completos”.

Además de estos planteamientos generales, el documento de AECOC propone medidas concretas para los ámbitos de logística y transporte, sostenibilidad y salud, educación y empleo, administración comercial y hurto comercial.

·    Aprobación de las 44 toneladas de carga para los vehículos de transporte terrestre de mercancías.

·    Puesta en marcha del Corredor Mediterráneo.

·    Armonización de las Zonas de Bajas Emisiones y de las medidas para la Distribución Urbana de Mercancías.

·    Información al consumidor y campañas de sensibilización para poner en valor la importancia y los beneficios de cuidar la alimentación.

·    Evitar el uso de la fiscalidad como instrumento para cambiar los hábitos alimenticios o estilos de vida de los consumidores.

·    Activar mecanismos de ayuda y asesoramiento a las empresas para cumplir con los requisitos de la futura ley contra el desperdicio alimentario, en caso de que se apruebe.

·    Replanteamiento del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en línea con los objetivos planteados por la Unión Europea.

·    Derogación del impuesto al plástico y, subsidiariamente, posponer su entrada en vigor hasta que todos los estados de la UE tengan un tributo equivalente.

·    Bonificaciones para las empresas con alumnos en Formación Dual.

·    Regular las prácticas formativas en la empresa desde el ámbito educativo, laboral y también empresarial.

·    Modificar el funcionamiento del Registro de Contratos Alimentarios para evitar sobrecargas administrativas a las empresas.

·    Desarrollo del reglamento sobre factura electrónica basado en estándares internacionales.

·    Implementar soluciones tecnológicas para incrementar la información sobre productos a los consumidores e incrementar la transparencia de la cadena de valor.

·    Eliminar el límite de 400 euros en el hurto multi reincidente

·    Crear normas para prevenir infracciones y delitos contra empresas y consumidores en entornos digitales