Los productores canarios de tomate no tendrán que devolver 12 millones en ayudas

El Tribunal Supremo ha revocado al sentencia que condenaba a los productores de tomate de la provincia de Las Palmas a devolver al Estado casi 12 millones de euros que habían recibido en concepto de ayudas a la exportación en 2002 y 2003, con el argumento de que habían inflado sus costes. El Supremo anula así la orden dictada por la Delegación del Gobierno en Canarias en enero de 2011, que reclamaba a la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (Fedex) la devolución de ayudas por importe de 8,30 millones de euros, más otros 3,50 millones en concepto de intereses.

Esa resolución del Gobierno contaba con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que consideraba probado que Fedex había hecho un uso irregular de las ayudas públicas y había justificado sus costes con fletes a tarifas por encima del mercado. El problema que llevó a exigir a los tomateros canarias la devolución de las ayudas que habían recibido para exportar sus productos a Europa partía de un informe del Ministerio de Fomento, que cuestionaba las cifras que aportaba el sector.

Desde hace años, Fedex y su homóloga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Aceto, utilizan para sus exportaciones una naviera propia y contratan directamente los barcos para mover sus productos. La normativa que regula este sector determina que las ayudas que se conceden a los productores canarios para compensar la lejanía del archipiélago se determinan a partir de la menor de estas dos cantidades: el coste del flete efectivamente satisfecho por el exportador o el coste del flete promedio.

Este último lo calcula la Delegación del Gobierno en Canarias cada año. De hecho, las ayudas que recibió Fedex en 2002 y 2003 se basaban en el flete prometido publicado por la Delegación en 2003. Sin embargo, como deja constancia en su sentencia el Supremo, el Ministerio de Fomento no se fía ahora de ese cálculo, porque cree que está condicionado por los fletes que de la naviera de Fedex-Aceto, responsable de la mayor parte de los movimientos, y sospecha que esta incluye en sus costes «sistemáticamente» partidas no subvencionables.

Por ello, Fomento recurrió a un estudio que comparaba los costes de la naviera Fedex-Aceto con otros operadores privados y llegaba a la conclusión de que los tomateros de Las Palmas habían recibido 8,50 millones más de lo que les correspondía en 2002 y 2003. Ese estudio concluía que los costes que manejaba la naviera de Fedex-Aceto duplicaban los de otros operadores en el caso de la exportación de tomate y los multiplicaban por 2,5 en el del pepino.

El Supremo admite que «es posible que dicha compañía (la naviera de Fedex-Aceto) operase con unos costes reales de transporte superiores a aquellas que toma como referencia» en su estudio, por cuestiones como los fletes de oportunidad o las condiciones de conservación de los productos o, simplemente, «por mala gestión». Sin embargo, los magistrados subraya que «en ambos casos es preciso demostrar que la cantidad subvencionada era superior a los costes reales de transporte en que efectivamente incurrió dicha compañía, cualesquiera que sea», cosa que no consideran probado.

La sentencia también admite que «puede que el cálculo del coste medio del flete (de 2003) no fuese correcto, al estar tomando como referencia unos datos no fiables», pero precisa que su validez legal no puede cuestionarse, sin más, en un expediente de una subvención. El Supremo subraya que, si el Gobierno consideraba que esos los costes de los fletes promedio de Canarias al continente europeo en 2003 no eran fiables, debió iniciar una «revisión de oficio», pero mantiene que no puede «cuestionarlos por la vía un expediente de reintegro de una subvención concreta a una compañía».

En un comunicado, el presidente de Fedex, Juan José Bonny, expresa su satisfacción por esta sentencia, porque hace «justicia en un pleito en el que ha habido mucha intencionalidad» y «restituye el honor» del sector de los exportadores de tomate. «Esta sentencia viene a reconocer que los exportadores ni defraudamos, ni inflamos los fletes, ni cometimos delito alguno en relación a lo que nos acusó la Delegación del Gobierno de entonces», apunta Bonny, en referencia al expediente que fue abierto en 2011.