La Plataforma de los Regadíos protesta por el cierre de pozo

La Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva vuelve a la carga mañana. Hoy ha celebrado una reunión de urgencia en el Ayuntamiento de Almonte tras haber conocido que la Fiscalía General de Estado ha ordenado el cierre cautelar e inmediato de pozos de riego en la finca Matalagrana del término almonteño, orden que se ejecutará este viernes, según la Plataforma.

Agricultores y alcaldes de los cinco municipios de la zona han acordado convocar una protesta para este viernes coincidiendo con la celebración del Consejo de Participación de Doñana, al que asiste la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.

A la reunión han acudido además de los miembros de la Plataforma, representantes políticos de los ayuntamientos de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y los alcaldes de Rociana del Condado y el propio Almonte.

La intención de la protesta es mostrar sus quejas dentro del foro de participación por el cierre de pozos que deja sin agua a los cultivos de regadío en plena campaña agrícola y por la descoordinación de las diferentes

administraciones con respecto a la aprobación del *Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicados al norte de la corona forestal de Doñana*, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado martes sin dotación de agua. La Plataforma asegura que este documento “aún está lejos de regular la actividad del regadío en los cinco pueblos afectados”.

Esta movilización se convoca después de la multitudinaria tractorada de este martes que reunió en El Rocío a miles de agricultores. Este mismo día el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dió luz verde al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana que regulariza cerca de 65.000 hectáreas de cultivo, de las que 9340 hectáreas son de regadío, sin embargo este documento no garantiza el agua de riego más que para una parte de los terrenos que se encuentran en la Demarcación del Chanza-Piedras, menos de 2.000.

Los responsables de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva han indicado que, “en este momento, están en juego cientos de millones de euros, ya que las inversiones están hechas en la próxima cosecha –un total de 250 hectáreas-, lo que supondrá si las instituciones no lo remedian la ruina para los agricultores y una auténtica debacle en el tejido social de la comarca de Doñana”.

Sobre la primera medida en firme conocida, la asociación de agricultores Matalagrana de Almonte ha alertado acerca de las “gravísimas consecuencias que pueden derivarse del cierre de pozos”, ya que supondrá la pérdida de las cosechas en cuestión de días, así como la ruina de los agricultores y un auténtico azote para la zona. Han indicado que “400.000 jornales dependen de un hilo tras esta noticia”.

Ante lo desproporcionado de la decisión de la Fiscalía, el colectivo recuerda que “realiza su actividad desde 1996”, año en el que comenzaron a suscribirse convenios de colaboración con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de Almonte, para la introducción de técnicas de cultivo compatibles con el medio ambiente en una finca de titularidad pública, siguiendo el dictamen de la Comisión de expertos para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana (1992).

Las explotaciones agrarias y ganaderas de carácter ecológico y producción integrada, “no han recibido subvención pública alguna”. Por tanto, se trata de “una experiencia plenamente exitosa desde un punto de vista económico, social y ambiental”, tal y como han ratificado numerosos premios y reconocimientos públicos y privados, hasta constituir un referente como modelo de desarrollo sostenible.

Pese a ello, los agricultores califican esta iniciativa de “auténtica pesadilla”, puesto que las tierras de titularidad pública –con pozos construidos por el propio IARA- “no han estado registradas como tierras de regadío hasta el pasado 16 de diciembre de 2014, con ocasión de la aprobación del Plan de Regadíos”.

Los agricultores afirman que su actividad es compatible con el buen estado del acuífero dado el carácter ecológico de los cultivos, “lo que conlleva el uso extremadamente eficiente del agua y la prohibición de emplear

sustancias químicas que puedan afectarle”. Por último, los responsables de la asociación Matalagrana han anunciado que continuarán solicitando “el apoyo de los trabajadores, familias y vecinos de la comarca para normalizar el cultivo de regadío y evitar la desaparición de nuestros pueblos”.

Para el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), “la falta de compromiso e implicación hacia este problema ha dado como resultado que estén en peligro más de 400.000 jornales, así como el 80 % del sector productivo de la zona, lo que supone de manera indirecta el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, las cinco localidades se encuentran en peligro de extinción”, ha trasladado.

Fuente: Agrodiariohuelva.es